Confirm\u00f3 un fallo dictado en 2016 que dec\u00eda que los veh\u00edculos de Uber desarrollan una \u00abactividad comercial l\u00edcita\u00bb y no est\u00e1n cometiendo un delito.
\nEn una resoluci\u00f3n, la Corte desestim\u00f3 por razones formales el \u00faltimo recurso interpuesto por los abogados del Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federales contra 33 conductores de UBER, quienes estaban acusados de \u00abentorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigaci\u00f3n a cometer delitos y asociaci\u00f3n il\u00edcita\u00bb.<\/p>\n
No obstante, en la justicia porte\u00f1a hay resoluciones de magistrados que impusieron restricciones, prohibiciones y sanciones para los conductores de UBER. La justicia local dispuso la clausura y el bloqueo de p\u00e1ginas y aplicaciones de Internet para acceder al servicio de Uber.<\/p>\n
EL FALLO DE 2016<\/p>\n
En el caso penal de la Corte, hay que remontarse al 1\u00b0 de agosto de 2016, cuando el juez de instrucci\u00f3n Luis Zelaya sobresey\u00f3 a los acusados por los sindicalistas al sostener que \u201cse trata del desarrollo de una actividad comercial l\u00edcita\u201d.<\/p>\n
Los taxistas apelaron esa decisi\u00f3n. En noviembre de 2016, la C\u00e1mara del Crimen confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. Uno de los jueces, Mauro Divito, sostuvo que la configuraci\u00f3n de un delito \u201csupone que se produzca un efectivo trastorno del servicio de transportes en general, de modo que no se verifica por la mera circunstancia de enrolar como conductores de UBER a los ciudadanos para llevar adelante los viajes contratados; en igual sentido, tampoco bastan -para sostener que dicha infracci\u00f3n se ha configurado- las conjeturas formuladas por la querella en torno de los efectos que provocar\u00eda la gran cantidad de autom\u00f3viles que prestar\u00edan el servicio ofrecido\u201d.<\/p>\n
\u201cSiempre que la prestaci\u00f3n del servicio de transporte de pasajeros sin contar con habilitaci\u00f3n oficial no configura una conducta tipificada por la legislaci\u00f3n punitiva, no se advierte cu\u00e1l ser\u00eda el delito concreto al que se habr\u00eda instigado ni los delitos indeterminados que tendr\u00eda por objeto la supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita\u201d.<\/p>\n
La C\u00e1mara record\u00f3 fallos de la justicia local. Y sostuvo que si bien \u201cla justicia local dispuso la clausura y el bloqueo de p\u00e1ginas y aplicaciones de internet para acceder al servicio de \u201cUber\u201d y orden\u00f3 al Gobierno de la Ciudad que arbitre las medidas para suspender las actividades de dicha firma, mientras que la Direcci\u00f3n de Defensa y Protecci\u00f3n del Consumidor decret\u00f3 una medida preventiva orientada a evitar o dificultar el funcionamiento de aqu\u00e9lla, para lo cual intim\u00f3 a distintas empresas de tarjetas de cr\u00e9dito y de comunicaciones, tales decisiones, emanadas del \u00e1mbito judicial y administrativo, como puede verse, en ning\u00fan caso han importado \u00f3rdenes directamente dirigidas a alguna de las personas contra las que la querella ha formulado imputaciones, para que hicieran -o no- algo\u201d.<\/p>\n
El fallo de la C\u00e1mara lleg\u00f3 a la Corte y los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti desestimaron el recurso de \u201cqueja\u201d presentado por los taxistas.<\/p>\n
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