A ra\u00edz de una denuncia de diputados kirchneristas, el fiscal imput\u00f3 a Macri, Dietrich e Iguacel.<\/p>\n
El fiscal Carlos Stornelli requiri\u00f3 la investigaci\u00f3n de los hechos denunciados por Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adri\u00e1n Grana y Carlos Castagneto en relaci\u00f3n al arreglo entre el Gobierno nacional y la concesionaria Autopistas al Sol (Ausol) que, seg\u00fan los diputados, le signific\u00f3 a una de las empresas del Grupo Macri \u201cuna ganancia de 499 millones de d\u00f3lares\u201d.<\/p>\n
Stornelli tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se investigue una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que \u201cse llev\u00f3 245 millones de d\u00f3lares del Estado\u201d, advirtieron los denunciantes.<\/p>\n
En los hechos, el pedido de la fiscal\u00eda significa la imputaci\u00f3n de los funcionarios denunciados: el presidente Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.<\/p>\n
Entre las medidas solicitadas por Stornelli se encuentran el secuestro de la sede de la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad, de todos los antecedentes de los contratos de concesi\u00f3n de los accesos desde su adjudicaci\u00f3n, de la intervenci\u00f3n administrativa de Ausol, del expediente originado en la presentaci\u00f3n administrativa de Abertis el 11 de agosto de 2015 y de los procedimientos que derivaron en el dictado de los decretos 607\/18 y 608\/18.<\/p>\n
El fiscal tambi\u00e9n requiri\u00f3 el secuestro de todos los informes relacionados con el caso elaborados por la Unidad de Renegociaci\u00f3n y An\u00e1lisis de los Contratos de Servicios P\u00fablicos, y de todos los antecedentes que obren en la Procuraci\u00f3n General del Tesoro respecto de la demanda iniciada ante el CIADI por parte de Abertis, firma controlante de Ausol.<\/p>\n
Seg\u00fan los denunciantes, tres d\u00edas antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Naci\u00f3n, Ausol -a trav\u00e9s de su controlante espa\u00f1ola Abertis- simul\u00f3 una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por m\u00e1s de 1.100 millones de d\u00f3lares por supuestos atrasos tarifarios, que s\u00f3lo buscaba la justificaci\u00f3n para disparar la renegociaci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n, cuya finalizaci\u00f3n operaba en 2020.<\/p>\n
Por decisi\u00f3n de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ning\u00fan dictamen, auditor\u00eda o informe econ\u00f3mico financiero sobre la operaci\u00f3n de Ausol y descartando las numerosas defensas que pod\u00edan alegarse ante el CIADI, \u201cel Gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de d\u00f3lares\u201d, en lo que \u201cconstituye un despojo al patrimonio p\u00fablico que debe ser investigado por la justicia penal\u201d, sostienen los legisladores del bloque FpV-PJ.<\/p>\n
Tailhade se\u00f1al\u00f3 que no tiene dudas de que \u201cesos 500 millones de d\u00f3lares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios\u201d, y que la presentaci\u00f3n ante el CIADI \u201cs\u00f3lo oper\u00f3 como fachada para justificar un pago que no pod\u00eda tener respaldo legal ni econ\u00f3mico de ning\u00fan tipo\u201d.<\/p>\n
Ausol fue una de las hist\u00f3ricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendi\u00f3 sus acciones luego de que aumentaran 400% desde la asunci\u00f3n de Macri y en medio del proceso de \u201carreglo\u201d con el Estado Nacional.<\/p>\n
La causa tramita en el Juzgado Federal N\u00b0 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.<\/p>\n
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