El presidente vet\u00f3 totalmente el proyecto de Ley N\u00b0 27.796, que declaraba la emergencia sanitaria en pediatr\u00eda y residencias m\u00e9dicas por un a\u00f1o, argumentando que la norma carece de claridad, genera un impacto fiscal insostenible y compromete la estabilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds. La medida desat\u00f3 cr\u00edticas por su impacto en la salud infantil, pero el Ejecutivo defiende su postura como un paso necesario para evitar un desequilibrio presupuestario.<\/p>\n\n\n\n
Poco m\u00e1s de cuatro horas despu\u00e9s de que se conociera el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, el Bolet\u00edn Oficial correspondiente a este jueves 11 de septiembre de 2025 dio cuenta tambi\u00e9n de una decisi\u00f3n en el mismo sentido adoptada por el presidente Javier Milei <\/strong>respecto de una ley aprobada el mismo d\u00eda en el Senado, conocida como Ley de Emergencia en Pediatr\u00eda, o directamente \u201cLey Garrahan\u201d.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n, que ya hab\u00eda sido adelantada por este medio, fue publicada como Decreto 651\/2025, mediante el cual se veta en su totalidad el proyecto de Ley N\u00b0 27.796,<\/strong> sancionado por el Congreso de la Naci\u00f3n el 22 de agosto de 2025. Este proyecto buscaba declarar la emergencia sanitaria en la salud pedi\u00e1trica y en las residencias m\u00e9dicas nacionales por un per\u00edodo de un a\u00f1o, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo, oportuno y equitativo a los servicios de salud para ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, as\u00ed como fortalecer los sistemas de residencias m\u00e9dicas mediante mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas.<\/p>\n\n\n\n Pese a estos loables preceptos, el Ejecutivo consider\u00f3 que la norma presenta serias falencias t\u00e9cnicas, jur\u00eddicas y financieras que justifican su rechazo.<\/p>\n\n\n\n Principales argumentos del veto<\/strong><\/p>\n\n\n\n El veto presidencial se fundamenta en una serie de consideraciones que apuntan a la falta de precisi\u00f3n en la redacci\u00f3n del proyecto, su impacto fiscal desmedido y su potencial para generar distorsiones en el sistema sanitario y en la coparticipaci\u00f3n federal.<\/p>\n\n\n\n Entre los puntos destacados del decreto se encuentran:<\/p>\n\n\n\n Indeterminaci\u00f3n normativa:<\/strong> El proyecto carece de par\u00e1metros claros y verificables para definir aspectos clave, como los criterios para la asignaci\u00f3n de recursos, la delimitaci\u00f3n de \u00abfunciones cr\u00edticas\u00bb del personal de salud o los procedimientos para garantizar el acceso a servicios de alta complejidad. Esta ambig\u00fcedad, seg\u00fan el Ejecutivo, podr\u00eda derivar en interpretaciones expansivas, litigiosidad y dificultades para la planificaci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n Impacto fiscal insostenible:<\/strong> La recomposici\u00f3n salarial propuesta para el personal de salud pedi\u00e1trica, que incluye equiparar los ingresos a los niveles reales de noviembre de 2023, generar\u00eda un costo estimado de $115.030.000.000<\/strong>. Este gasto, que deber\u00eda financiarse mediante reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud y el uso de reservas para contingencias sanitarias, comprometer\u00eda programas esenciales como el calendario de vacunaci\u00f3n, la atenci\u00f3n de enfermedades como VIH, tuberculosis o hepatitis, y el financiamiento de medicamentos oncol\u00f3gicos y tratamientos de alto costo.<\/p>\n\n\n\n Exenci\u00f3n del impuesto a las ganancias:<\/strong> La propuesta de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de salud que realicen actividades cr\u00edticas, horas extras o guardias, tanto en el sector p\u00fablico como privado, tiene un alcance \u00abpr\u00e1cticamente ilimitado\u00bb y un impacto presupuestario inestimable, afectando directamente los ingresos de la coparticipaci\u00f3n federal, una de las principales fuentes de financiamiento de la Naci\u00f3n y las provincias.<\/p>\n\n\n\n Distorsiones salariales y desigualdades:<\/strong> El proyecto beneficia exclusivamente al personal vinculado a la atenci\u00f3n pedi\u00e1trica, lo que podr\u00eda generar inequidades con otros trabajadores del sistema sanitario que desempe\u00f1an funciones igualmente cr\u00edticas. Esto, seg\u00fan el Ejecutivo, profundizar\u00eda brechas retributivas injustificadas dentro del sector.<\/p>\n\n\n\n Invasi\u00f3n de competencias del Ejecutivo:<\/strong> El art\u00edculo 10 del proyecto, que deroga la Resoluci\u00f3n del Ministerio de Salud N\u00b0 2109\/25, es considerado un avasallamiento de las potestades del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso no tiene atribuciones para revocar actos administrativos. Esta resoluci\u00f3n, que regula el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, fue dise\u00f1ada para modernizar el sistema de becas de formaci\u00f3n, adapt\u00e1ndolo a los desaf\u00edos sanitarios actuales y ofreciendo mayor flexibilidad a los residentes.<\/p>\n\n\n\n Desfinanciaci\u00f3n de programas clave:<\/strong> La reasignaci\u00f3n de recursos propuesta equivaldr\u00eda a un tercio del presupuesto destinado al calendario de vacunas o al financiamiento de un a\u00f1o y medio de la Direcci\u00f3n Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Esto podr\u00eda desfinanciar pol\u00edticas p\u00fablicas estrat\u00e9gicas, como el tratamiento de patolog\u00edas especiales y el acceso a medicamentos esenciales.<\/p>\n\n\n\n El caso del Hospital Garrahan<\/strong><\/p>\n\n\n\n Un punto central del veto es la declaraci\u00f3n del Hospital de Pediatr\u00eda \u201cProf. Dr. Juan P. Garrahan\u201d como centro de referencia nacional, incluida en el art\u00edculo 4\u00b0 del proyecto. El Ejecutivo argumenta que esta disposici\u00f3n es innecesaria, ya que el Garrahan ya es reconocido como un hospital de alta complejidad, seg\u00fan el Decreto N\u00b0 598\/87.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, destaca los logros de la actual gesti\u00f3n, que \u201cen menos de dos a\u00f1os logr\u00f3 normalizar su funcionamiento, optimizar recursos, eliminar cargos duplicados y alcanzar un d\u00e9ficit cero por primera vez en sus 38 a\u00f1os de historia, gracias a ahorros de m\u00e1s de $40.000.000.000 y un aumento en la recaudaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n Con un presupuesto de $180.000.000.000 para 2025, ampliado a $220.000.000.000 con el aporte de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, el Ejecutivo sostiene que el hospital no requiere una declaraci\u00f3n formal para garantizar su operatividad.<\/p>\n\n\n\n Contexto econ\u00f3mico y fiscal<\/strong><\/p>\n\n\n\n El veto se enmarca en la pol\u00edtica de \u201cemisi\u00f3n monetaria cero\u201d impulsada por el gobierno de Milei, que prioriza el equilibrio fiscal como base para la estabilidad econ\u00f3mica y la lucha contra la inflaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El Ejecutivo argumenta que la aprobaci\u00f3n del proyecto pondr\u00eda en riesgo los avances logrados en la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica, al generar un aumento \u201cdesmedido e irresponsable\u201d del gasto p\u00fablico. Adem\u00e1s, se\u00f1ala que el pr\u00f3ximo 15 de septiembre se presentar\u00e1 el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administraci\u00f3n Nacional, donde se debatir\u00e1n de manera integral las prioridades de gasto, incluyendo las necesidades del sistema sanitario.<\/p>\n\n\n\n El decreto tambi\u00e9n hace referencia al Pacto de Mayo, un acuerdo pol\u00edtico que busca revisar el sistema de asignaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos. En este contexto, el Ejecutivo considera que el Congreso deber\u00eda abstenerse de tomar decisiones que comprometan el equilibrio fiscal, especialmente cuando los recursos propuestos no cuentan con una fuente de financiamiento genuina.<\/p>\n\n\n\n Implicaciones constitucionales<\/strong><\/p>\n\n\n\n El veto se fundamenta en el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Nacional, que otorga al presidente la facultad de observar total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por el Congreso.<\/p>\n\n\n\n El Ejecutivo defiende esta decisi\u00f3n como un ejercicio leg\u00edtimo de sus atribuciones, en l\u00ednea con la din\u00e1mica de control y contrapeso propia del sistema republicano. Adem\u00e1s, cita fallos de la Corte Suprema, como el caso \u201cEstado Nacional c\/ San Juan, Provincia de s\/ Reivindicaci\u00f3n\u201d, para respaldar la potestad del Ejecutivo de evaluar la razonabilidad y legalidad de las normas aprobadas por el Congreso.<\/p>\n\n\n\n El decreto tambi\u00e9n critica la pretensi\u00f3n del Congreso de derogar una resoluci\u00f3n ministerial, consider\u00e1ndola una violaci\u00f3n de la divisi\u00f3n de poderes. La Resoluci\u00f3n N\u00b0 2109\/25, seg\u00fan el Ejecutivo, moderniza el sistema de residencias m\u00e9dicas al introducir dos modalidades de beca (\u201cMinisterio\u201d e \u201cInstituci\u00f3n\u201d), con alta aceptaci\u00f3n en hospitales como el Garrahan (100% de adhesi\u00f3n) y el Posadas (70%).<\/p>\n\n\n\n El veto ya anticipado oportunamente por el Gobierno ha generado un intenso debate en la opini\u00f3n p\u00fablica y el arco pol\u00edtico y social. Por un lado, sectores opositores y organizaciones m\u00e9dicas han criticado la decisi\u00f3n, argumentando que pone en riesgo la atenci\u00f3n pedi\u00e1trica y el fortalecimiento de las residencias m\u00e9dicas en un contexto de crisis sanitaria. Por otro lado, el Gobierno defiende la medida como una acci\u00f3n responsable para proteger la estabilidad econ\u00f3mica y evitar el colapso de las finanzas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n El Ejecutivo asegura que continuar\u00e1 implementando pol\u00edticas para fortalecer el sistema sanitario, pero con un enfoque en la viabilidad financiera y la sustentabilidad a largo plazo. Entre las medidas destacadas, se menciona la optimizaci\u00f3n de recursos en el Hospital Garrahan y la modernizaci\u00f3n del sistema de residencias m\u00e9dicas. Sin embargo, el veto plantea interrogantes sobre c\u00f3mo se abordar\u00e1n las necesidades urgentes del sector pedi\u00e1trico en el marco de las restricciones presupuestarias.<\/p>\n\n\n\n Parlamentario.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El presidente vet\u00f3 totalmente el proyecto de Ley N\u00b0 27.796, que declaraba la emergencia sanitaria en pediatr\u00eda y residencias m\u00e9dicas por un a\u00f1o, argumentando que la norma carece de claridad, genera un impacto fiscal insostenible y compromete la estabilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds. 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