La Casa Rosada pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n directa del m\u00e1ximo tribunal para dejar sin efecto la cautelar que suspendi\u00f3 m\u00e1s de 80 art\u00edculos de la ley, tras una presentaci\u00f3n de la CGT. El Ejecutivo habla de \u201cgravedad institucional\u201d y cuestiona la competencia del juez que dict\u00f3 el freno.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno nacional decidi\u00f3 llevar la disputa por la reforma laboral directamente a la Corte Suprema de Justicia y present\u00f3 un recurso extraordinario de per saltum<\/em> con el objetivo de revertir la suspensi\u00f3n de los principales art\u00edculos de la norma, dispuesta por un juzgado laboral a pedido de la Confederaci\u00f3n General del Trabajo.<\/p>\n\n\n\n La estrategia apunta a acelerar los tiempos judiciales en uno de los cap\u00edtulos centrales de la agenda econ\u00f3mica del oficialismo. El planteo fue presentado por la Secretar\u00eda de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuraci\u00f3n del Tesoro, y busca que el m\u00e1ximo tribunal deje sin efecto la medida cautelar que fren\u00f3 la aplicaci\u00f3n de 82 art\u00edculos de la ley de modernizaci\u00f3n laboral sancionada por el Congreso.<\/p>\n\n\n\n La presentaci\u00f3n recurr\u00eda a una v\u00eda excepcional: el salto de instancia, que permite omitir tribunales intermedios y habilitar la intervenci\u00f3n directa de la Corte cuando, seg\u00fan el planteo, est\u00e1 en juego una cuesti\u00f3n de gravedad institucional. Para el Ejecutivo, ese es precisamente el n\u00facleo del conflicto.<\/p>\n\n\n\n En el escrito, el Gobierno sostuvo que el fallo del juez laboral Ra\u00fal Horacio Ojeda<\/strong>, de primera instancia, \u201ccompromete instituciones b\u00e1sicas del sistema republicano\u201d al suspender con efectos generales una ley aprobada por el Poder Legislativo. A su entender, la decisi\u00f3n judicial excede el inter\u00e9s de las partes involucradas y avanza de manera indebida sobre competencias propias del Congreso.<\/p>\n\n\n\n El recurso tambi\u00e9n reclama que, con su sola presentaci\u00f3n, tenga efecto suspensivo sobre la cautelar vigente. El argumento central es que cada d\u00eda de aplicaci\u00f3n del freno judicial genera un da\u00f1o \u201cirreparable\u201d a nivel nacional, al mantener en suspenso una reforma que el Gobierno considera clave para modernizar el mercado de trabajo y brindar previsibilidad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n En esa l\u00ednea, la Procuraci\u00f3n del Tesoro remarc\u00f3 que el juez Ojeda no era competente para dictar una medida de alcance nacional sobre una ley federal y cuestion\u00f3 la existencia misma de un \u201ccaso, causa o controversia\u201d que habilitara su intervenci\u00f3n. El escrito tambi\u00e9n puso en duda la legitimaci\u00f3n de la CGT para promover la acci\u00f3n colectiva y critic\u00f3 la supuesta falta de fundamentaci\u00f3n sobre la presunta inconstitucionalidad de la norma.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl dictado de una medida cautelar con efectos erga omnes que suspende una ley del Congreso subvierte el r\u00e9gimen republicano de gobierno\u201d, sostuvo el Gobierno en uno de los tramos m\u00e1s duros del planteo. Seg\u00fan la Casa Rosada, de no revertirse ese antecedente, quedar\u00eda abierto un precedente riesgoso para el conjunto del andamiaje legal.<\/p>\n\n\n\n La tensi\u00f3n judicial se da, adem\u00e1s, en un contexto de puja de competencias entre fueros. En las \u00faltimas semanas, la jueza federal en lo contencioso administrativo Macarena Marra Gim\u00e9nez<\/strong> resolvi\u00f3 un conflicto de competencia y desplaz\u00f3 a la Justicia Nacional del Trabajo, al sostener que deb\u00eda ser ese fuero federal el encargado de tramitar la acci\u00f3n impulsada por la CGT. Ese pronunciamiento dej\u00f3 a\u00fan m\u00e1s en evidencia la fragmentaci\u00f3n de criterios que rodea el futuro de la reforma.<\/p>\n\n\n\n Para el Ejecutivo, ese escenario refuerza la necesidad de una definici\u00f3n r\u00e1pida y unificadora por parte de la Corte Suprema. M\u00e1s all\u00e1 del trasfondo t\u00e9cnico, la decisi\u00f3n del Gobierno de recurrir al per saltum<\/em> coloca al m\u00e1ximo tribunal en una posici\u00f3n inc\u00f3moda: deber\u00e1 pronunciarse, de manera directa, sobre una de las leyes emblem\u00e1ticas de la actual gesti\u00f3n y sobre los l\u00edmites del control judicial frente a las decisiones del Congreso.<\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, la reforma laboral contin\u00faa parcialmente congelada y su vigencia efectiva qued\u00f3 atada a lo que resuelva la Corte. La apuesta oficial es clara: recuperar cuanto antes una pieza central de su programa econ\u00f3mico, en medio de la resistencia sindical y de un frente judicial que, lejos de cerrarse, lleg\u00f3 ahora a la puerta del Palacio de Tribunales.<\/p>\n\n\n\n Parlamentario.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Casa Rosada pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n directa del m\u00e1ximo tribunal para dejar sin efecto la cautelar que suspendi\u00f3 m\u00e1s de 80 art\u00edculos de la ley, tras una presentaci\u00f3n de la CGT. El Ejecutivo habla de \u201cgravedad institucional\u201d y cuestiona la competencia del juez que dict\u00f3 el freno. 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