La presidenta, Cristina Fernández, firmó ayer el decreto de promulgación de la ley de regulación de las empresas de medicina prepaga, recientemente sancionada por el Congreso. Durante un acto que se desarrolló en Casa de Gobierno, la jefa de Estado pidió serenidad y equilibrio a quienes opinen sobre la ley, ya que hubo mucho revuelo en torno a su sanción. «no desvirtuaremos lo que hizo el Congreso», remarcó.
Cristina puntualizó que nadie debe sentirse perseguido o creer que se va a fundir o desfinanciar. «Sólo queremos equilibrar a la sociedad en el sector salud, ya que existe un 60% de habitantes que está en el sector no público. No debemos sentirnos enemigos. Hay que acordar que funcionen tanto las prepagas como las obras sociales», en alusión a los reclamos que formularon representantes del sector empresario.
En este sentido, precisó que el 80% de los afiliados a las empresas de medicina prepaga están concentrados en cinco compañías. «Regulación no significa afectar rentabilidad, ese es un verso de las políticas neoliberales de los 90 que, sinceramente, ya no se lo traga nadie», añadió.
La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados el 4 de mayo pasado y comprende a las empresas de medicina prepaga, planes de adhesión voluntaria y planes superadores que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS). Se excluye a las obras sociales sindicales, las cooperativas y mutuales, a las asociaciones civiles y fundaciones -tienen otro régimen-.
La ley obliga a las empresas a disponer de planes de cobertura médico-asistencial y el Programa Médico Obligatorio (PMO), así como brindar prestaciones básicas para personas con discapacidad; e indica que no podrán fijar períodos de carencia o espera para dar las prestaciones, ni tomar la edad como criterio de rechazo de admisión.
Procesamientos
En otro orden, la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento sin prisión preventiva de Marcos Hendler, dueño de la droguería Urbana, principal proveedora de remedios del gremio que comanda el líder de la CGT, Hugo Moyano, en la investigación por la denominada «mafia de los medicamentos». Se lo acusa de delitos de «defraudación por administración infiel en perjuicio del erario público y por uso de marca registrada falsificada».
También se confirmó el procesamiento del auditor de, gremio de los camioneros, Daniel Lombardero, y del ex gerente de Prestaciones de APE, Hugo Solá, por tres casos de administración infiel en perjuicio del erario público y otro en grado de tentativa. Esa obra social está gerenciada por la empresa Conducir Salud SA, una compañía que administra Liliana Zulet, esposa de Moyano. (DyN-NA)
