El gobierno socialista de España propuso hoy en el congreso reformar la Constitución para establecer un techo al déficit público, medida que fue respaldada de inmediato por el líder del derechista Partido Popular (PP), Mariano Rajoy.
España secunda así, como también lo hizo Italia, la iniciativa que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, propusieron la semana pasada para los países de la zona euro, afectados por una grave crisis de deuda.
Los partidos de izquierda aseguran que la medida responde a la presión de los mercados y que será muy negativa para la recuperación económica y del empleo, ya que merma la capacidad económica del Estado para hacer frente la crisis.
Pero el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ante el congreso que la iniciativa contribuirá a “fortalecer” la confianza en la economía española.
El jefe del Ejecutivo expresó su confianza en que “se puede llegar a ese acuerdo de reforma constitucional”, por lo que instó a los dos grandes partidos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el PP, a presentar una propuesta parlamentaria para limitar el déficit y la deuda pública.
Además, invitó a los demás grupos a sumarse a la iniciativa para que se apruebe por “consenso” y de forma “inmediata”.
Zapatero explicó que ya habían hablado de esta propuesta con el candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y con el principal líder opositor, Mariano Rajoy, quien a su turno respaldó la medida por “coherencia”, ya que él mismo la había propuesto hace un año.
“Esta reforma habría que haberla hecho ya y las cosas nos habrían ido mejor”, afirmó Rajoy, al que las encuestas señalan como vencedor en las elecciones generales del 20 de noviembre.
A pesar de que cuenta con el apoyo opositor que garantizaría la mayoría de tres quintos de cada cámara necesaria para aprobar la reforma constitucional, el proceso es más complejo.
De acuerdo con el Artículo 167.3 de la Constitución, una décima parte de los diputados o senadores pueden solicitar que la reforma sea ratificada en referéndum para su definitiva aprobación, lo que implicaría la disolución del Congreso.
Izquierda Unida (IU) ya anunció que solicitará la vía de referéndum, en tanto que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) expresó su rechazo a una medida que “responde a la presión de los especuladores”.
Tampoco el Partido Nacionalista Vasco (PN) está dispuesto a apoyar la reforma, mientras el portavoz de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), Josep Antoni Duran Lleida, reconoció que “comparte su espíritu”.
Sin embargo, desde Cataluña, gobernada por CiU, el portavoz del Ejecutivo regional, Francesc Homs, expresó su rechazo rotundo, al considerar que la reforma constitucional «atenta» contra su autonomía financiera.
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