La justicia de Uruguay recibió hoy dos denuncias colectivas por torturas contra militantes comunistas durante la dictadura militar, en lo que parece una de las primeras derivaciones de la declaración de imprescriptibles de los delitos de lesa humanidad.
Una de las denuncias involucra a 90 ex presos políticos, 70 del Partido Comunista y 20 del Partido por la Victoria del Pueblo, que desde 1975 fueron sometidos a tratos inhumanos en centros clandestinos de detención en Montevideo.
Según la agencia Ansa, el abogado de los denunciantes, Martín Fernández Chiossoni, dijo a radio El Espectador que la denuncia involucra a militares «de todos los rangos» y también a médicos que colaboraron en las torturas.
«Se aplicaban los tratos más aberrantes que se puede someter a las personas: submarino, colgadas, picana eléctrica, picada de genitales… Incluso hubo mujeres embarazadas a las que se les provocó el aborto por las golpizas recibidas. Hay también delitos sexuales entre las denuncias», señaló el jurista.
Estas violaciones a los derechos humanos se dieron en el marco de la llamada Operación Morgan, lanzada en 1975 contra el Partido y la Juventud comunistas (PCU y UJC), por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y el Servicio de Información de Defensa.
La otra denuncia fue realizada por 38 personas en la ciudad de Treinta y Tres, y fue presentada por militantes comunistas que tenían entre 13 y 17 años cuando fueron detenidos y torturados por la dictadura.
El diputado freteamplista Hermes Toledo dio detalles del caso, en parte insólito por tratarse de menores.
El presidente José Mujica promulgó el jueves una ley que hace imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad y que anuló en los hechos la Ley de Caducidad, de 1986, que salvo excepciones impedía juzgar a militares por violaciones a los derechos humanos.
Télam
