El presidente peruano, Ollanta Humala cumplió el pasado 4 de octubre sus primeros 100 días en el poder con un balance claramente positivo, lo que le da la razón a quienes creyeron sus promesas de que su gobierno se parecería más al de Lula da Silva que al de Hugo Chávez. Un relevamiento de la consultora Ipsos indica que el 62% de los consultados aprueba su gestión
El presidente peruano, Ollanta Humala cumplió el pasado 4 de octubre sus primeros 100 días en el poder con un balance claramente positivo, lo que le da la razón a quienes creyeron sus promesas de que su gobierno se parecería más al de Lula da Silva que al de Hugo Chávez. Tras tres meses, 33 tuits, 11 decretos de urgencia y 13 supremos y 47 proyectos de ley remitidos al Congreso, la aprobación es amplia a su política económica, aunque subsisten suspicacias respecto a algunos de sus objetivos políticos últimos.
Según un sondeo de la consultora Ipsos Apoyo de finales de octubre, la popularidad presidencial ronda el 62%, superior al 59% que tenía su antecesor Alan García (2006-2011) y al 42% de Alejandro Toledo (2001-2006) en el mismo periodo. García dejó el gobierno con un 30%, a pesar de que el año pasado el país tuvo un crecimiento del 8,8%.
Ese nivel de aprobación se debe en gran parte a que Humala ha sido consecuente con los dos grandes compromisos que asumió en la campaña electoral: mantener el ciclo de crecimiento económico de los últimos 10 años respetando el modelo de libre mercado pero corrigiendo sus defectos e insuficiencias con políticas de inclusión social para que los beneficios del crecimiento construyan un “Estado para todos”.
Como resultado, el sector financiero y empresarial, los que más temían una deriva radical, han recuperado el optimismo y reanudado el ritmo de sus inversiones. Las suspicacias que permanecen se deben al espíritu corporativo del ex teniente coronel, que ha ascendido a varios de sus ex compañeros de promoción en la Escuela Militar de Chorrillos para que vayan situándose en los puestos más altos de la jerarquía militar, de modo que puedan estar disponibles para ocupar cargos públicos clave.
El mayor problema que ha enfrentado hasta ahora ha sido un caso de tráfico de influencias en el que se ha visto implicado su vicepresidente, Omar Chehade, que ha sido acusado de ordenar el desalojo ilegal de los trabajadores de Andahuasi, una de las mayores azucareras del país, para entregarla al poderoso grupo empresarial Wong. Tras varias semanas de denuncias periodísticas, Humala finalmente, el pasado 6 de noviembre, le aconsejó dar “un paso al costado”.
El mayor problema que ha enfrentado hasta ahora ha sido un caso de tráfico de influencias en el que se ha visto implicado su vicepresidente, Omar Chehade.
El caso de Chehade -que fue su estrecho colaborador en la campaña electoral y su abogado en un juicio por supuestas violaciones de derechos humanos en su época de militar en activo- podría costarle caro si Humala no corta por lo sano y en coherencia con su lema de campaña: “Honestidad para hacer la diferencia”.
Pero en el plano económico, la ratificación del director del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y la designación como ministro de Economía de Luis Miguel Castilla, viceministro de Economía durante el mandato de García, mostraron su voluntad de mantener el rumbo trazado desde 1991, cuando Alberto Fujimori decidió asumir como propios los planes de liberalización y estabilidad macroeconómica defendidos por Mario Vargas Llosa en su campaña presidencial.
Para ser justos, desde 2006 Humala decía que no se consideraba de izquierda. Algunos analistas creen incluso que el riesgo que enfrenta hoy es el de la derechización. Una vez en el gobierno, con su estrategia de forjar consensos ente fuerzas disímiles, Humala ha desmentido las previsiones catastrofistas de la derecha perdedora de las elecciones. Incluso el fujimorismo ha votado en el Congreso a favor de sus principales iniciativas legislativas. El gobierno ha convertido en irrebatible la crítica a la desigualdad y, por tanto, en viables sus políticas de inclusión, sostenidas en una agenda liberal de contenido redistributivo.
Una vez en el gobierno, que alcanzó gracias a su apoyo, Humala no podía traicionar sus aspiraciones, a riesgo de convertirse en una nueva víctima de sus frustraciones. Para ello, lo primero que debía hacer era obtener los recursos económicos necesarios para financiar las políticas sociales prometidas. Y la minería podía aportarlos. La modificación del régimen tributario minero fue aprobado con abrumadora mayoría en el Congreso el 22 de septiembre.
La negociación emprendida con las empresas mineras logró que aceptaran pagar unos 1.000 millones de dólares anuales adicionales, seis veces más de lo que logró el gobierno de García con su “óbolo voluntario”. Sin embargo, todo dependerá del incierto escenario internacional y de la volatilidad del precio de los metales. La cifra real, gravada sobre las utilidades operativas y no sobre las ventas, como se hacía antes, se conocerá recién el próximo año.
En los próximos meses empezará a implementarse en las regiones más pobres el principal programa social que ofreció siendo candidato: la “Pensión 65”, por el que el gobierno entregará unos 90 dólares mensuales a los mayores de 65 años en situación de precariedad.
Un estilo diferente
También ha favorecido a Humala su estilo sobrio de gobernar, con intervenciones públicas muy dosificadas y siempre acatando un guión cuidadosamente diseñado para que no sobren ni falten más palabras de las estrictamente necesarias. Pero la discreción retórica no implica inercia política.
El presidente peruano Ollanta Humala se reunió con Pamela Cox. En sus primeros meses en Palacio, Humala ha recibido, a una delegación de empresarios chilenos, a la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, al gurú de la competitividad, Michael Porter, y ha hecho grandes esfuerzos para ganarse la confianza de los mercados, como lo demostró su conferencia en el Peruvian Business Council en Nueva York, el pasado septiembre, donde presentó a su gobierno “como un amigo”.
Ante la crisis de los países desarrollados, Humala no tiene tiempo que perder para erigir cortafuegos que aíslen al país del incendio. Una muestra son los dos paquetes de estímulo proyectados en previsión de un posible agravamiento de la economía mundial y que comprometen el 1,5% del PIB en líneas de crédito y proyectos de infraestructuras.
Otra promesa electoral que piensa cumplir es destinar lo más pronto posible el gas del Lote 88 para el consumo interno. El pasado 21 de octubre, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, declaró que las negociaciones llegarían a buen puerto. En otros frentes, el gobierno busca guardar ciertas distancias con el gran capital, anunciando que evaluará los 19 años de la concesión otorgada a Telefónica, que espera renovar por otros 20 años sin un pago adicional.
Con todo, muchos de los focos de conflicto están lejos de desaparecer. Más bien al contrario. A pesar de la aprobación de la ley de consulta previa, aprobada por unanimidad en el Congreso, que obliga al gobierno a negociar con la comunidades nativas los proyectos de desarrollo que afecten sus territorios, el último informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que en septiembre surgieron 12 nuevos conflictos sociales y se produjeron 67 acciones de protesta, la cifra más alta en lo que va del año.
Humala, que fue el político más beneficiado con el clima de protesta, descubre ahora que el discurso que lo llevó al poder puede volverse contra él mismo, como le ha ocurrido al presidente boliviano, Evo Morales, con la carretera que debía pasar por el parque natural Tipnis entre los departamentos de Beni y Cochabamaba, y que he tenido que retirar debido a las protestas de las comunidades indígenas locales.
La ley de consulta previa y del gravamen minero no colisionan, al menos por ahora, con el núcleo del modelo. La sociedad parece contentarse con la parte social de la inclusión, rebajando sus demandas de cambio económico. Según el sociólogo Julio Cotler, en medio de un discurso ideológico “contradictorio, vago e indefinido”, la ley de consulta previa podría generar grandes desilusiones debido a las “elevadas expectativas” de lo que Humala llama “la gran transformación”.
Autor de Nota: Infolatam
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