El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que combatirá a los grupos de extrema derecha e izquierda que se oponen a la aplicación de la ley para restituir tierras a las víctimas del conflicto armado interno, reglamentada por el mandatario.
«A la mano criminal, venga de donde venga, de la extrema izquierda o de la extrema derecha, la vamos a contrarrestar con el puño de nuestra fuerza pública», advirtió Santos al referirse al asesinato de varios dirigentes campesinos en los últimos meses, cuyas muertes han sido relacionadas con su trabajo a favor de la restitución de las tierras.
Durante el acto de firma, en la Casa de Nariño, de cinco decretos que reglamentan la denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entrará en vigencia en enero y beneficiará a las víctimas del conflicto armado interno, el presidente resaltó que «aún hay quienes siguen intimidando y asesinando campesinos y a sus representantes. A esos criminales les hago llegar un mensaje: ¡los vamos a combatir con todo!», advirtió.
Santos explicó que uno de los decretos establece las medidas de asistencia y reparación, para garantizar la participación efectiva de las víctimas, según indicó la agencia de noticias DPA.
«Para la elaboración de este decreto hicimos todo lo posible con vistas a garantizar otro de los propósitos que inspiran la Ley, como es la participación de las víctimas», explicó el mandatario, que resaltó la habilitación de una página web para recibir observaciones y sugerencias y las conversaciones con cerca de 600 representantes de víctimas a través de talleres regionales.
También, indicó, hubo consultas con los 32 gobernadores e igual cantidad de alcaldes de las ciudades capitales.
«Ya no más golpecitos en la espalda para nuestros compatriotas desplazados o despojados», afirmó el jefe del Estado, que subrayó que «no tiene sentido que tanto padres hayan sido asesinados, ni que tantos hombres hayan sido humillados frente a sus hijos, ni que tantos niños hayan cargado fusiles en vez de balones, ni que tantas mujeres tengan el recuerdo imborrable de una violación».
El decreto contempla la indemnización administrativa a las víctimas, y detalla los montos, los destinatarios y los mecanismos de entrega de las indemnizaciones, que quedaron en un rango de entre 17 y 40 salarios mínimos.
«Estos montos se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo. Es decir, vamos a incentivar a quienes decidan invertir en su futuro», expresó Santos, según la agencia Prensa Latina.
El presidente admitió que la indemnización, aunque es «un esfuerzo enorme, no es suficiente y no recompensa el drama de un desplazamiento, de una discapacidad o el asesinato de un ser querido», pero remarcó que «sería irresponsable ofrecer más, porque al final no habría con qué cumplir y sería peor causar esa frustración a quienes esperan una reparación efectiva».
La ley entrará en vigencia el 1 de enero y apunta a reparar a los afectados por el conflicto armado interno y restituir a los desplazados 2 millones de hectáreas de tierras, usurpadas por la violencia.
Télam
