Los principales referentes de la oposición analizan la posibilidad de llevar el debate al Congreso, a través de la convocatoria a audiencias públicas con organizaciones de usuarios y consumidores y obligar así al kirchnerismo a discutir una ley de tarifa social.
«El Congreso tiene que abordar la discusión de una tarifa social que subsidie al que menos tiene. El subsidio tiene que dejar de ir a las empresas para convertirse en un subsidio a los usuarios», afirmó el senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), en línea con sus pares de la oposición según reproduce el diario La Nación.
Por supuesto que desde el oficialismo ya se adelantó el rechazo a aceptar que la cuestión de tarifas y subsidios pueda ser discutida en el Congreso. «La valoración del sostenimiento de subsidios forma parte de la política económica y, fundamentalmente, es una atribución del Poder Ejecutivo», afirmó Miguel Pichetto, jefe de la bancada kirchnerista en el Senado en diálogo con LA NACION.
Enredado en una maraña de leyes que han delegado facultades en el Poder Ejecutivo -la más importante es la de emergencia económica, sancionada en 2002 en medio de la crisis y prorrogada por sexta vez el año pasado por otros dos años-, la facultad del Parlamento de intervenir en la discusión de las tarifas se ha visto sensiblemente deteriorada.
Sin embargo, en el radicalismo reivindicaron la posibilidad de que el costo de los servicios públicos sea motivo de debate legislativo. «El Congreso podría discutirlo en la Comisión de Derechos y Garantías, que tiene incumbencia sobre los derechos de usuarios y consumidores», aseguró el senador radical Ernesto Sanz (Mendoza). «Se podría convocar a audiencias públicas ante el silencio de los órganos reguladores», agregó el mendocino.
La propuesta de una tarifa social es una bandera que la oposición viene esgrimiendo desde hace varios años. Lo atestiguan los proyectos presentados en ambas cámaras legislativas (como se informa por separado) y hasta hubo una declaración votada en Diputados en la que se instó al Gobierno a cambiar su política de subsidios a los servicios públicos.
El consenso opositor en este sentido es amplio. Así lo demostró Federico Pinedo (Capital), jefe de la bancada de diputados de Pro, para quien «la eliminación de subsidios hace necesaria una ley de tarifa social». En este sentido, Pinedo expresó a La Nacion que «hay que ir a sistemas más generalizados, pero el oficialismo no quiere eso porque no quiere pagar el costo del aumento de las tarifas».
Toda la oposición coincide en responsabilizar al kirchnerismo de haber silenciado la voz del Congreso en el debate de tarifas y subsidios. «El Parlamento tiene poder de controlar, pero funciona según un esquema de mayorías y minorías, y hoy tenemos una mayoría que niega la posibilidad de controlar», acusó el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut).
«El kirchnerismo optó por nunca terminar las renegociaciones finales y evadir así al Congreso y que los ministros impongan su propia ley», se sumó Pinedo.
Esto es así porque desde que los Kirchner llegaron al poder nunca se preocuparon por concluir la renegociación definitiva de los contratos de los servicios concesionados por el Estado, que son las normas que el Congreso tiene obligación de aprobar. Tampoco se avanzó en la sanción de marcos regulatorios diferenciados para cada servicio.
«Los legisladores oficialistas le «meten los cuernos» al Parlamento porque delegaron facultades y no controlan nada; han permitido que en la Argentina el poder sea unipersonal», opinó Cimadevilla. «Bicicletean al Congreso», agregó el macrista Pinedo.
Desde el oficialismo parecen darle la razón al senador por Chubut. «Nosotros estamos dispuestos a acompañar la agenda de la Presidenta y no hacer más allá de lo que el Poder Ejecutivo determine», respondió Pichetto cuando LA NACION lo consultó sobre si el Congreso debería opinar en el tema de tarifas y subsidios.
La idea de llevar al Parlamento esta discusión surgió la semana pasada en una reunión de los legisladores del GEN, integrante del Frente Amplio Progresista (FAP), en la que sus máximos referentes, la diputada Margarita Stoblizer y el senador Jaime Linares, pidieron a la oposición consensuar la inclusión del debate salobre tarifas y subsidios en una agenda legislativa.
El inicio del debate podría darse en el Senado. Tal como adelantó Sanz, la Comisión de Derechos y Garantías es de las pocas que quedaron en manos de la oposición y sería el escenario adecuado para realizar las audiencias públicas que podrían generarle un fuerte dolor de cabeza al Poder Ejecutivo.
La Política Online
