«Perú no puede darle ni un centímetro a los que son movimientos violentistas y terroristas», dijo el mandatario durante una visita de trabajo a la provincia limeña de Huarochirí. Las declaraciones de Ollanta Humala rechazaban así las intenciones de un grupo cercano a Sendero Luminoso de inscribirse como partido político legal en Perú.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, advirtió este jueves que Perú no puede dar «ni un centímetro» a movimientos terroristas, al referirse a un grupo vinculado a la agrupación maoísta Sendero Luminoso que desistió la víspera de su intención de inscribirse como partido político legal.
«Perú no puede darle ni un centímetro a los que son movimientos violentistas y terroristas», dijo el mandatario durante una visita de trabajo a la provincia limeña de Huarochirí.
Humala añadió que «la democracia no puede ser ingenua, ni se puede admitir dudas entre lo que es la democracia y aquellos que quieren destruirla».
El mandatario hizo notar que Sendero Luminoso, agrupación derrotada militarmente a mediados de los años 90 y que tiene a sus máximos líderes entre rejas, «aún tiene grupos remanentes» que operan en zonas de la selva peruana.
El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), dirigido por los abogados Alfredo Crespo y Manuel Fajardo -defensores del encarcelado a perpetuidad Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso-, pretendía inscribirse como partido político ante las autoridades electorales.
El miércoles esa agrupación desistió de su propósito y comunicó al Jurado Nacional de Elecciones que ya no continuaría con su demanda de inscripción.
Para justificar esa decisión, el Movadef argumentó que existe «una campaña de persecución política montada por el Estado» en su contra, por seguir «el pensamiento Gonzalo».
Gonzalo era el apelativo de guerra de Abimael Guzmán, quien en 1980 inició un conflicto armado que en 20 años dejó un saldo de 70.000 muertos, según cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
El Movadef señala que su objetivo es participar «sin armas» en la vida política y democrática del país, y plantea una «amnistía general de civiles, policías y militares que intervinieron en el conflicto para poner fin a los problemas derivados de la guerra interna».
El pedido de este movimiento generó un amplio rechazo de sectores políticos de izquierda, centro y derecha del país.
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