La solicitud de Federico Delgado ahora deberá ser definida por el juez federal Claudio Bonadio. El requerimento incluye a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, al presidente de Cometrans, Claudio Cirigliano y al titular de TBA, Carlo Michele Ferrari, entre otros
El fiscal pidió que los imputados por la tragedia de Once sean procesados
La medida abarca también al asesor administrativo financiero del gerente de administración y finanzas de esa empresa, Antonio Cirigliano, y al motorman Marcos Córdoba. «La Fiscalía solicita mediante el presente dictamen que Vuestra Señoría (el juez federal Claudio Bonadio) procese a las siguientes personas agrupadas en dos grandes conjuntos», señala la solicitud de Delgado.
El texto enviado al juez federal, Claudio Bonadio, incluye dos grupos de imputados. El primero está integrado por el denominado Grupo Cirigliano y por el maquinista que conducía la formación del Sarmiento al momento de la tragedia, y el segundo está integrado por funcionarios públicos con competencia en materia del transporte.
En la solicitud están incluidos también los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el presidente de Cometrans, Claudio Cirigliano y el titular de TBA (ex concesionaria del servicio de Mitre y el Sarmiento), Carlo Michele Ferrari.
La semana pasada, el titular de Cometrans pidió ser excarcelado y apeló ante la Cámara Federal el rechazo a su liberación en el marco de la causa en la que fueron detenidos directivos de la ex concesionaria de las líneas Sarmiento y Mitre por la supuesta desaparición de pruebas claves. Cirigliano está detenido en el hospital de la cárcel de Ezeiza.
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se presentó a principio de mes ante el juez federal Claudio Bonadio para prestar declaración indagatoria en la causa por el accidente ferroviario, al igual que el motorman, Marcos Córdoba.
En la tragedia de Once, 51 personas perdieron la vida y más de 700 resultaron heridas. La formación 3772 del tren Sarmiento no pudo frenar el vehículo al ingreso de la estación de Once e impactó violentamente contra el parachoques, que se encuentra en el extremo del andén.
Para el fiscal, el accidente fue una cadena de negligencias
«Lo decisivo, para este caso, pasa por captar que hubo muchas negligencias y que no todas ocurrieron en el mismo tiempo. Sin embargo, todas fueron eslabones de una cadena que se cerró el 22 de febrero. Schiavi, Jaime y Luna, que no implementaron decisiones de control. El desempeño de Ochoa Romeo y Sícaro no traspasó la formalidad en esa materia. Córdoba, que no prestó la atención necesaria. Los integrantes del ‘grupo Cirigliano’, que se guiaron por un frío interés de lucro al que subordinaron el compromiso asumido al firmar el contrato de concesión. Todos ellos encadenaron sus ‘negligencias’ y causaron el resultado», dice uno de los párrafos del dictamen.
Delgado se remitió a su dictamen del 17 de abril sobre «las distintas responsabilidades de los funcionarios públicos, de los directivos de la firma Trenes de Buenos Aires y del maquinista, se identificaron las fuentes de las que derivaron esas responsabilidades y se explicaron los encuadres jurídicos de las conductas imputadas. Además, aquél resulta ‘vigente’ hoy día porque desde el momento en el cual se fijó la posición del Ministerio Público y transcurridos dos meses de ello, nada cambió. Es más, la hipótesis planteada por la fiscalía se fortaleció y, con el grado de certeza que requiere esta etapa preliminar del proceso, podemos decir que el panorama se encuentra prácticamente clarificado».
Para pedir los procesamientos, el fiscal ponderó que «las tareas periciales fueron decisivas tanto para la responsabilidad que le cupo al maquinista como a los funcionarios del Estado y directivos de TBA. También lo fueron las inspecciones hechas inmediatamente en el lugar por técnicos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor, los testimonios de los usuarios obtenidos por los policías que estaban en ‘Once’” y los dichos de María Teresa Gualtieri, del Sindicato de ferroviarios que declararon ante la fiscalía y facilitaron importantísima documentación para la pesquisa».
“La estrategia defensista de los abogados que asesoraron a los imputados se centró en una suerte de relato tipo ‘plancha’ en las que, genéricamente, se deslindaban recíprocamente la responsabilidad funcional y empresarial, respectivamente. Contrariamente al fin que se dirige un acto de defensa, los escritos acompañados a las declaraciones indagatorias (la gran mayoría se negó a declarar y se remitió a su escrito) jugaron en contra de los imputados porque confirmaron la hipótesis fáctica narrada en los dictámenes del Ministerio Público».
«En lo que respecta a la subsunción legal de las conductas imputadas, existen tres figuras legales que deberán ser evaluadas por el Señor juez al resolver las situaciones procesales de los nombrados» sostuvo y explicó que se trata del «denominado estrago culposo previsto por el artículo 196 del Código Penal» que establece que «será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo. Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cinco años”.
El fiscal endilgó a los empresarios y funcionarios públicos la siguiente conducta: «Desviaron una gran cantidad de caudales públicos que, si bien estaban dirigidos al proyecto ferroviario, no llegó a su destino. La realidad, sustentada en las numerosas pruebas, marca una cuestión concreta, se trata de subsidios que no se corresponden con el pobre servicio de ferrocarril. Esto quiere decir que los fondos no se aplicaron al fin previsto».
«Si bien los peritajes contables aún no han finalizado, solo será la frutilla del postre que demostrará, con certeza, una realidad que se observa a primera vista. Lo que sí sabemos, repetimos, es que las transferencias efectuadas por el Estado nacional a favor de TBA equivalentes al monto de un mil novecientos veinticuatro millones seiscientos veinticinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos (1.924.625.755, 67) no fueron a parar a donde debían», afirmó.
«Por ese delito conocido como ‘peculado’ deberán responder los funcionarios públicos imputados, en cuya área de competencia se produjo el desvío, como cómplices de esa sustracción y los empresarios, porque sin sus comportamientos la sustracción no hubiese ocurrido. Obviamente, el motorman es solo un simple empleado y su participación no llega tan lejos», finalizó el fiscal.
Infobae
