Las 32 comunidades consultadas aprobaron la construcción de una carretera en la reserva natural. Las 37 comunidades restantes votarán hasta principios de septiembre.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informó que ya se consultó a 32 comunidades indígenas del Tipnis, casi la mitad de las 69 que habitan esa reserva natural, y todas rechazaron la intangibilidad del área y estuvieron de acuerdo con la construcción de una ruta que pasaría por este parque amazónico.
«De las 32 comunidades, las 32 rechazan la intangibilidad. No están de acuerdo con esta propuesta que se realizó en la octava y novena marcha (contra la consulta), y de las 32, las 32 aceptan la carretera, excepto San Miguelito que planteó una variante para que no entre por el corazón del Tipnis», señaló el ministro en conferencia de prensa citado por la agencia estatal ABI.
La ley de intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isíboro Sécure (Tipnis) fue impuesta por la octava marcha indígena contra la consulta y la construcción de la ruta, que llegó a La Paz, en octubre del año pasado.
En junio de este año la novena marcha arribó a la sede del Ejecutivo boliviano con similares reclamos, pero finalmente decidió retornar al Tipnis para reforzar la resistencia a la consulta, que se ha manifestado en bloqueos de ríos con alambres de púas en Gundonovía.
El ministro Sánchez recordó que el procedimiento de consulta sólo cuenta con la presencia de los habitantes de cada lugar, sus dirigentes y las brigadas que representan al Estado, para llegar a un acuerdo sobre el tema de la intangibilidad para el Tipnis y la construcción de una carretera por sus pueblos.
Aclaró que representantes de organismos internacionales y funcionarios del Organo Electoral pueden participar del proceso como veedores, y el resto de la población, entre ellos periodistas, puede estar presente pero no tienen derecho a opinar, votar o influir en las decisiones tomadas.
«Así se ha consensuado el protocolo y así se ha estado procediendo. Sin embargo, diríamos que hay un grupo de personas que están, yo diría, mal dirigidas, por algunos dirigentes que no entienden este proceso importante», manifestó Sánchez.
Asimismo, el ministro lamentó que quienes están en contra del proceso intervengan de manera directa en la consulta y se opongan a su realización con prácticas antidemocráticas, basadas en el uso de la fuerza y la intimidación contra corregidores y las comunidades.
Dijo también que es importante considerar y denunciar las amenazas que sufren los brigadistas del Ministerio de Obras Públicas y del Organo Electoral.
Respecto a la finalización del proceso de consulta, informó que aún no existen fechas establecidas, pero se gestiona un consenso con el Organo Electoral Nacional, a pesar de que una ampliación al mismo requeriría de una ley.
«Yo no puedo hablar todavía de esta reprogramación, tenemos que analizarlo con toda la información. El Ministerio de Obras Públicas y el de Medio Ambiente (a cargo de la consulta) necesitan una ley que amplié el plazo» recordó.
Explicó, sin embargo, que «mientras no exista una ley, nosotros vamos a trabajar para cumplir hasta el 3 de septiembre como está programada la consulta en las comunidades, y del 3 al 7 preparar el informe para presentar al país».
Télam
