Sin piso ni techo, la evolución de las paritarias está atada a las mejoras en el impuesto a las Ganancias. Ayer la central obrera que conduce el metalúrgico Antonio Caló acercó propuestas para elevar el mínimo no imponible del impuesto a 57%, sin embargo, el Gobierno no está dispuesto a soportar la baja en la recaudación que ello provocaría. Por eso, ensaya fórmulas para no perder toda esa «guita». Entre los planes figura la posibilidad de cambiar la escala del gravamen con un incremento de presión sobre los salarios más altos y una reducción en los inferiores, y entre otros, un proyecto para que los jueces también paguen. Una salida que traerá, sin dudas, una nueva tormenta con el Poder Judicial.
Dirigentes de la CGT oficialista encabezados por el metalúrgico Antonio Caló, se reunieron ayer con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Foto NA: MARCELO CAPECE
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La CGT que lidera el metalúrgico Antonio Caló insistió ayer ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por una urgente modificación del Impuesto a las Ganancias. Pero Tomada le trasmitió a los sindicalistas que el Gobierno aún seguía ensayando fórmulas que permitan compensar la baja que habrá en la recaudación con la actualización de Ganancias.
Según le dijo ayer el funcionario a los miembros de la conducción de la CGT aliada, al modificar el mínimo no imponible el Estado se perdería una recaudación extra de entre $4.000 y $5.000 millones.
«Tomada nos dijo que están viendo de dónde sacar toda esa guita», confió anoche un sindicalista al diario ‘Clarín’.
Según el diario ‘Ambito Financiero’, analizan para tal fin, entre otras cosas, un proyecto de ley para que los jueces paguen Ganancias.
También se sugirió la posibilidad de cambiar las escalas del gravamen con un incremento de la presión sobre los salarios más altos y una reducción en los segmentos inferiores que están alcanzados.
Los dirigentes del sector le dieron poco crédito a la propuesta: plantearon la necesidad de que fuese el Ejecutivo el que diera el primer paso con una reestructuración del gravamen y que sumara la ampliación de las asignaciones familiares.
De esta manera, la central que encabeza Antonio Caló se retiró de la cartera laboral con las manos vacías. Habían ido con nula expectativa de posibles definiciones, y aunque lograron poner el eje en Ganancias la respuesta del ministro no terminó de convencerlos.
El plan esbozado por Tomada consistiría en poner un tope del 20% a los aumentos salariales con un cambio en el gravamen, que en las hipótesis más conservadoras del Gabinete oscila el 20% sobre el mínimo no imponible. En lo que sí fue más preciso es en la alternativa de enfocar la posible modificación de Ganancias a partir de las escalas y no en el mínimo a partir del cual comienza a tributarse.
Incluso, Horacio Ghilini (docentes privados, SADOP) deslizó parte de un proyecto elaborado por la CGT con la asistencia técnica del extitular de la AFIP Alberto Abad y el economista Daniel Carbonetto, que prevé aumentar impuestos a actividades con baja presión como la financiera y la minera.
De la reunión participaron, además de Caló, los «gordos» Armando Cavalieri (Comercio), Oscar Lescano (Luz y Fuerza) y Héctor Daer (Sanidad); el «independiente» José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); exaliados de Hugo Moyano como Ghilini y Jorge Lobais (textiles), y los dirigentes Ricardo Pignanelli (mecánicos, SMATA) y Roberto Fernández (colectiveros, UTA). Junto al ministro participaron su jefe de Gabinete, Norberto Ciaravino, el secretario de Empleo, Enrique Deibe, y los funcionarios Marta Novick y Silvia Squire.
«Los precios no los fijan los trabajadores sino los empresarios, quienes son los que tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad», sostuvo el Ministerio de Trabajo luego de la reunión.
Con esa afirmación, la cartera laboral instó a los empresarios a contener los incrementos de los productos, en especial los de consumo masivo, que son los de mayor impacto en los hogares, de cara a las negociaciones paritarias.
También negó que se haya fijado «una pauta oficial», en torno al 20% de aumento salarial para este año y remarcó: «El ministerio ratificó la vigencia de paritarias, en una clara desmentida a las versiones de quienes intentan instalar –como todos los años- una supuesta pauta oficial que no existe».
Frente al planteo de la CGT sobre la cuestión del Impuesto a las Ganancias, el comunicado de la cartera señaló que «se está analizando el impacto sobre los distintos niveles de salarios».
En el marco del diálogo entre la CGT y Trabajo, se acordó fijar una próxima reunión en la que «se seguirá avanzando con estos temas en forma inmediata, entendiendo que arribar a definiciones en estas cuestiones es prioritario en la agenda».
Héctor Daer, secretario de prensa de la CGT, sostuvo que desde su sector «estamos planteando realizar algo en conjunto que genere un combo de soluciones que tiene que ver con asignaciones familiares, con modificar los pisos de donde impacta el impuesto a la ganancia y a partir de ahí modificar las escalas porcentuales del que empieza a pagar el impuesto».
«Queremos avanzar lo más pronto posible en el mínimo no imponible de la cuarta categoría, aparte de establecer una modificación en la ponderación porcentual que tiene la escala hacia arriba. No se puso fecha, pero estamos esperanzados en darle dinamismo a las reuniones. Quedamos en volver a reunirnos en breve», resumió el secretario general de la Sanidad.
Sin embargo, y aunque prevén reunirse con otros funcionarios, como el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, los dirigentes ayer desinflaban las expectativas respecto de esos encuentros, y coincidieron en señalar que la única en condiciones de darles una respuesta a sus planteos será Cristina Fernández.
En tanto, hoy, desde las 16.30, será el turno de la CTA de Hugo Yasky, quien también pedirá una suba de los salarios, promedio, del 25%, y una modificación en el piso de Ganancias, entre otras cuestiones.
La reunión con los presentantes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA), prevista para ayer pero postergada para hoy, se llevará a cabo en la sede gremial, ubicada en la calle Piedras 1065 de la Capital Federal.
De esta forma, el ministro de Trabajo culminará las reuniones con los referentes de ambas centrales de trabajadores.
# Ganancias: El plan es que los jueces también paguen
Según informó esta mañana el diario ‘Ambito Financiero’, el Gobierno tiene en mente avanzar en un proyecto en el que ya fracasaron Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde: que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias.
Dicen que en la Casa de Gobierno están dispuestos a habilitar tras la apertura de sesiones en marzo cualquiera de las iniciativas de ley que fueron presentadas en el Congreso y que avanzan en la inclusión de los magistrados de todo el país para el tributo del impuesto como empleados de cuarta categoría (relación de dependencia).
Si se aprueba esta ley, y con el reglamento firmado, el Gobierno sabe que deberá enfrentar luego un serio problema político que seguramente termine en una acordada de la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto y la suspensión de la norma.
Se abriría entonces un nuevo capítulo, más cerca de las elecciones por otro lado, en la disputa entre el Gobierno y el Poder Judicial.
La intención del kirchnerismo es también política. Si triunfara en la aplicación de esta ley que obliga al Poder Judicial a pagar Ganancias, habría avanzado donde todos los gobiernos constitucionales fracasaron. Dentro de la Casa de Gobierno se estima que debería abrirse una instancia negociadora con la Corte para que se pueda aplicar el impuesto.
Algunos hombres con llegada a los magistrados de ese tribunal máximo aseguran que una alternativa es negociar con la Justicia la posibilidad de no imponer topes a las jubilaciones de ese poder. Actualmente, el Gobierno se encuentra en una cruzada judicial para impedir lo que se denominan «jubilaciones de privilegio» de los jueces, los que pueden llegar a tener pensiones de hasta $ 40.000 mensuales según lo que se autodeterminen como su paga una vez que dejan sus funciones. El Gobierno aplica desde el año pasado un tope de $19.100 mensuales (sólo para las nuevas jubilaciones), cuestión que abrió otro conflicto entre el Ejecutivo y la Justicia.
Fuente: Urgente24
