El gobierno regional aprobó un decreto para evitar el desalojo de familias en circunstancias críticas. Obliga a los bancos a ceder su uso durante un máximo de tres años.
La polémica medida fue presentada en España como una “expropiación de uso”, puesto que se aplicará a las entidades bancarias que ya embargaron la casa de un deudor y luego de una subasta, se adjudicaron ellos mismos la propiedad.
El gobierno andaluz pagará al año a las entidades el 2% del “precio justo” al que se hayan adjudicado la vivienda, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación.
El decreto fue adoptado por el Ejecutivo de coalición del Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida (IU) para dar respuesta a dramática situación de miles de familias en una de las zonas del país más castigadas por el desempleo, con el récord de más de un millón de personas sin trabajo al cierre de 2012, el doble desde que comenzó la crisis.
El derechista Partido Popular (PP) se opone a la medida porque asegura que “vulnera el derecho de propiedad”, según afirmó el vicesecretario general de Organización de ésta formación, Carlos Floriano, quien calificó al gobierno andaluz de “demagógico” y “populista”.
Por ahora, el Ejecutivo central de Mariano Rajoy está estudiando si la iniciativa del Ejecutivo regional es legal, dijo por su parte el Ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, en declaraciones en el Congreso de los Diputados.
Desde 2007 se registraron más de 85.000 desalojos en Andalucía por impago inmobiliario. Actualmente la media diaria es de unas 46 familias, según datos del gobierno andaluz.
“Constatamos entre 700.000 y un millón de viviendas vacías cuando hay miles de personas que no tienen derecho a la vivienda y sólo en los registros municipales de demandantes tenemos 50.000 familias que nos piden una vivienda en alquiler”, argumentó hoy la consejera de Fomento y Vivienda de Andalucía, Elena Cortes, a la emisora Cadena Ser.
Cortes remarcó que el Ejecutivo regional actuó ante una situación “de emergencia económica y social” a la que el gobierno de Rajoy no está dando respuesta y defendió las “garantías jurídicas plenas” de la norma.
El decreto fue aprobado ayer en el Parlamento andaluz y entrará en vigor mañana cuando se publique en el Boletín Oficial. A falta de algunos detalles, el gobierno regional informó que contempla la expropiación “del uso” de la vivienda a los bancos durante un máximo de tres años, en caso de inminente desalojo de familias que estén en riesgo de exclusión.
También busca fomentar el alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización por el que se multará a entidades e inmobiliarias con hasta 9.000 euros en el caso de las sanciones más graves para los bancos, si no ponen a disposición sus inmuebles.
No se sancionará a las personas físicas propietarias de viviendas vacías pero se plantearán una serie de incentivos, especialmente fiscales, para que pongas las casas en alquiler.
La norma es excepcional y se aplicará siempre que se cumplan requisitos como que el desalojo genere exclusión social y exista empobrecimiento sobrevenido.
Gallarón aseguró que la respuesta a este drama debe ser «nacional» y subrayó que el Congreso de los Diputados está trabajando en una nueva ley para dar una solución al problema de los desalojos, a pesar de que el PP es contrario a aceptar las principales medidas planteadas por la iniciativa de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) sobre esta materia.
Además de una moratoria urgente de los desalojos, la PAH exige lo que se conoce como “dación en pago”, es decir que con la entrega del inmueble quede cancelada la deuda contraída por el deudor con el banco, ya que de lo contrario, las familias afectadas se quedan en la calle y además deben seguir pagando la hipoteca.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró recientemente que la ley hipotecaria española era injusta e instó al Ejecutivo español a modificarla.
Fuente: Télam
