La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido del Estado nacional para ser querellante en la investigación por la tragedia ferroviaria de Once, al considerar que sería una “contradicción”. La intención del Gobierno era ser parte de la causa y hasta impulsar medidas de prueba.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido del Estado nacional para ser querellante en la investigación por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas en febrero de 2012.
Según informa Infobae, en forma unánime los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky no hicieron lugar al pedido del Estado para ser tenidos como querellantes, lo que le permitiría ser parte de la causa y hasta impulsar medidas de prueba.
Cuando el Estado se presentó como querellante, Urgente24 ya había dicho que esa decisión del Gobierno podía leerse como una maniobra para evitar ser querellado. Cabe destacar que TBA tiene seguro bajísimo y es esperable que las víctimas y familiares de las víctimas intenten obtener una indemnización por parte del Estado. Por otra parte, al ser querellante podría auditar toda la causa y estar al tanto de las pruebas que se presenten. Otra maniobra del Gobierno para estar dentro de la causa -además de ser una anuncio oportuno(ista)- fue la intervención de TBA por 15 días.
Los camaristas consideraron que otorgarle el rol de querella al Estado sería una “contradicción” ante eventuales indemnizaciones civiles que el mismo podría tener que soportar por parte de familiares de víctimas de la tragedia.
También se tuvo en cuenta que en la causa están imputados ex funcionarios, tales como los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Además, los jueces también valoraron que no está acreditado que el Estado, a través de la Secretaría de Transporte, haya sido víctima a raíz del hecho.
Recordemos que al mes del accidente, el juez federal Claudio Bonadio había aceptado al Estado como querellante, cuando aún no se habían definido los procesamientos, bajo el argumento que otorgarle ese rol al Gobierno «no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas» (ver nota relacionada).
Pero un mes más tarde, la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión y negó al Estado el rol de querellante. En la causa hay cuatro grupos de querella que agrupan al conjunto de las víctimas.
La causa tiene 28 imputados a juicio, entre ellos también lo están los ex directivos de la firma TBA, la entonces concesionaria del Mitre y Sarmiento, y el motorman de la formación Marcos Antonio Córdoba.
Fuente: Urgente24
