La Justicia ya rechazó un amparo y una medida cautelar contra la ley que regula las cautelares y que forma parte de la batería de normas que configuran la Reforma Judicial. En respuesta, este martes 21/05 el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez adelantó que presentará un per saltum para llevar a la Corte Suprema su pedido de inconstitucionalidad rechazado el lunes 20/05 en primera instancia.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Con el fallo de primer instancia que rechazó este lunes 20/05 una acción de amparo iniciada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra una serie de artículos previstos en la ley que regula las medidas cautelares, este martes 21/05 el letrado anunció que ahora presentará un per saltum para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este lunes (20/05) la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, rechazó la acción de amparo colectiva que había presentado el constitucionalista argumentando que se necesita “un caso contencioso, causa o controversia”, a fin de ejercer el control encomendado a la Justicia “sobre las actividades ejecutiva y legislativa, en orden a la trascendente preservación del principio de división de poderes”.
Se trata de la misma jueza que el 30/04 había considerado «improcedente» otro amparo presentado por el mismo abogado porque en ese momento aún no se había promulgado la ley sancionada por el Congreso.
«Hoy vamos a apelar el rechazo, parece que empezó a funcionar la reforma porque hay jueces que rechazan amparos sin escuchar», se quejó Andrés Gil Domínguez, y adelantó: «Vamos a presentar un recurso de apelación ante la Cámara, luego haremos un per saltum ante la Corte».
«Hay una situación de gravedad institucional, esta ley viola los derechos», advirtió el abogado en declaraciones a radio Mitre.
A la presentación del constitucionalista se sumará la denuncia de la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, que ayer dio instrucciones formales a su presidente, Luis Cabral, para que inicie «acciones legales» contra la reforma del Consejo de la Magistratura.
Gil Domínguez amplió sus críticas a la jueza: «Son los mismos que los utilizados por la Corte de los 90, con la mayoría automática» y denunció que así se intenta “matar los derechos correlativos que fueron incorporados con la reforma de 1994″.
El constitucionalista recordó que «en 1994 la Constitución incorporó el amparo preventivo y el habeas corpus preventivo para que en situaciones de amenaza inminente de elección de derechos, el ciudadano pudiera interponer este tipo de acciones para evitar que estas amenazas se concreten en una lesión».
También alertó sobre “otro peligro respecto a la ley que regula la modificación del Consejo de la Magistratura” y se preguntó: «¿Qué pasa si la Presidente no publica la reglamentación y extiende el plazo para cuando ella lo considere necesario? ¿Ahí las distintas asociaciones no van a poder interponer ninguna acción judicial? Si esto fuera así, estaríamos replicando el sistema germánico de publicación de normas, que fue muy autoritario y cuestionado porque le da al Presidente la posibilidad de disponer de la normatividad de un Congreso».
La Corte Suprema quedó días atrás en medio de la disputa política tras una denuncia de “pacto” de la diputada Elisa Carrió que entendió que las modificaciones que permitieron al máximo tribunal mantener sus privilegios en cuanto al manejo del presupuesto y el personal eran un aval al proyecto de “democratización” que impulsó Cristina Fernández.
Desde entonces, el titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti prefirió no referirse a la norma y lo volvió a remarcar tras un cruce con el gobernador de Entre Ríos: “El poder judicial se expresa por sus sentencias, por eso inmediatamente luego de las reformas que se han propuesto hemos dicho que no vamos a opinar, porque muchos de ellos son temas judicializables”.
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