En Colombia ocurrió durante décadas una guerra civil que el presidente Juan Manuel Santos intenta finalizar. Los actores del conflicto han sido, entre otros, el Estado, las Autodefensas Unidas de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Con la aceptación de que el Estado ha cometido delitos en su guerra contra quienes querían destruirlo, Santos quiere obligar a que tanto las FARC como el ELN, con quienes negocia un acuerdo de paz, realicen autocríticas similares, indispensables para consolidar el marco de la negociación… a menos que una soberbia irresponsable llevara a estas fuerzas de combatientes a considerar que no deben realizar autocrítica alguna.
“Estamos ante una posibilidad real, a mi juicio la mejor de nuestra historia, de poner fin al conflicto armado interno”, dijo el presidente Juan Manuel Santos, al hacer hincapié en el apoyo internacional al proceso que está en marcha, porque “la paz de Colombia es también la paz del continente”.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo por primera vez en la historia de su país un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en delitos cometidos durante medio siglo de conflicto armado.
“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto”, dijo Santos en la Corte Constitucional.
El mandatario hizo estas declaraciones en su discurso de defensa del llamado Marco Jurídico para la Paz, el modelo de justicia diseñado en el Congreso para la transición de una Colombia en conflicto a un país en paz.
Santos se comprometió a que este reconocimiento sea “un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado” reconozcan su responsabilidad y “puedan participar en los mecanismos de justicia transicional”.
“Y si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las (guerrillas) FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas (paramilitares), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental”, agregó.
En la audiencia convocada por el Constitucional para estudiar si el Marco Jurídico para la Paz se ajusta o no a la Carta Magna, Santos desestimó la tesis de los críticos del citado acto legislativo, quienes sostienen que abre una puerta a la impunidad.
“Es la primera vez que Colombia se toma en serio la lucha contra la impunidad de los hechos cometidos en el conflicto”, consideró el mandatario, al explicar que por eso ha descartado “pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir”.
Precisamente ese es el punto cuestionado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que elevó una demanda de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal al considerar que los principios de “selección” de los culpables y de “priorización” de los delitos que contempla el marco impedirán que se haga justicia.
“No solo no abre espacios a la impunidad, óigase bien, sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas en un conflicto altamente inhumano”, dijo Santos antes de sentenciar: “no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia”.
Santos incluyó este modelo de justicia transicional en su estrategia para acabar con el conflicto colombiano, que comprende una negociación con las FARC en curso desde hace ocho meses en La Habana.
“Estamos ante una posibilidad real, a mi juicio la mejor de nuestra historia, de poner fin al conflicto armado interno”, dijo el presidente, al hacer hincapié en el apoyo internacional al proceso que está en marcha, porque “la paz de Colombia es también la paz del continente”.
La jornada ha sido intensa en el debate y rica en los contenidos. Como se trata de una audiencia pública, ha sido seguida por los colombianos a través de la radio, la televisión y las páginas web. Es el caso de Semana.com que ha hecho un cubrimiento minuto a minuto.
El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, principal demandante de la norma pidió que haya garantías de justicia para todas las víctimas del conflicto armado interno.
Gallón explicó los motivos por los que encabezó la presentación de una demanda por inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 de 2012 o Marco Jurídico para la Paz (reforma constitucional), al considerar que presenta “una justicia transicional distorsionada”.
“En vez de procurar el máximo de justicia en condiciones adversas, se permite reducir el deber de administrar justicia en un Estado Social de Derecho, so pretexto de lograr la paz”, observó el jurista.
El demandante se refirió así a los principios de este modelo jurídico que plantea no investigar “todos” los delitos del conflicto, sino los más representativos que se cometieron de “forma sistemática” y procesar a los “máximos responsables”, pero no a todos los implicados.
El Gobierno, promotor del marco jurídico, aduce que tardaría un siglo en investigar los 304.000 hechos denunciados y en juzgar a todos los responsables, argumento que Gallón tildó de “efectista y poco serio”.
Por ello, recomendó superar las dificultades de la administración de la Justicia con el diseño de procedimientos más ágiles, “incluyendo investigaciones y juzgamientos colectivos o relacionados con bloques o frentes militares, acompañados de un aumento significativo de jueces y fiscales durante un tiempo”.
Gallón defendió que el texto del marco es inconstitucional porque compromete el artículo segundo de la Constitución de 1991, que contempla el deber de investigar y juzgar todas las graves violaciones de derechos humanos.
En la audiencia convocada por la Corte Constitucional para examinar el Marco Jurídico para la Paz, también han hablado el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y otros representantes de grupos defensores de los derechos humanos.
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