Pese a que ayer la legislatura neuquina, después de un largo debate, dio dictamen favorable en lo que fue la primera comisión (de tres) para el gancho final del pacto que firmó el gobernador Jorge Sapag y que permitirá la ejecución del contrato de las petroleras YPF-Chevron, la Justicia pasó a demorar ahora el ‘trámite’. Ocurre que un grupo de accionistas españoles de Repsol amplió una demanda contra la Argentina por la expropiación de YPF, y ahora, exige a la petrolera y al Gobierno una copia del acuerdo secreto. En concreto, el oficio exige una copia del Acuerdo de Proyecto de Inversión celebrado entre YPF S,A, y las empresas subsidiarias de Chevron Corporation el día 16 de junio de 2013 con el objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén, incluyendo en ello todos los y/o documentación complementaria. Las autoridades de YPF y de la cartera que dirige Daniel Cameron tienen 10 días hábiles para responder el pedido.
Foto: La Mañana de Neuquén.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El acuerdo YPF-Chevron superó ayer su primer filtro en la Legislatura neuquina al ser aprobado por 9 votos contra 4 y un ausente en la Comisión de Hidrocarburos.
Durante más de ocho horas el convenio fue discutido por la Comisión, que integran 14 diputados provinciales y tiene mayoría oficialista.
Pero a pesar de que el documento salvó el obstáculo legislativo inicial, fueron los opositores quienes tomaron la palabra para fustigar los términos en que fue elaborado. Los oficialistas no se apuraron a hablar a sabiendas de que la decisión quedaba en sus manos. Antes de dar por iniciado el debate, Luis Sapag, diputado del MPN y presidente de la comisión, se ocupó de desmentir que no exista un estudio de impacto ambiental en Vaca Muerta.
La sesión estuvo rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad. Los más de 100 asistentes debieron pasar tres controles para poder entrar. Guillermo Coco, Ministro de Energía de la provincia, se presentó, sin aviso como establece el protocolo, para defender el acuerdo enviado por Cristina, fogoneado por el gobernador Sapag y que él firmó.
“Chevron sólo pone la plata pero es YPF quien opera la explotación”, señaló.
El Ministro fue consultado, por la diputada Beatriz Kreitman del ARI, acerca de si él había leído el arreglo entre las petroleras. “Sólo leí partes, nunca lo leí completo y a Neuquén no debería interesarle. Solo me interesa lo que sirve para definir la posición ante YPF”, respondió. “Chevron es un socio financiero.
No preguntamos de dónde viene el dinero, si viene de la banca china o del tráfico de armas”, dijo polémico.
Coco tomó desprevenidos a los oficialistas al afirmar YPF aun está en proceso de privatización y que es discutible que la provincia posea en verdad el 10 % de las acciones.
Como sea, la premura de la estatal YPF por terminar de cerrar el polémico acuerdo con Chevron para explotar Vaca Muerta podría verse entorpecida. Esto es así a pesar de que ayer la legislatura neuquina dio dictamen favorable en lo que fue la primera comisión (de tres) para el gancho final del pacto que firmó el gobernador Jorge Sapag y que permitirá la ejecución del contrato de las petroleras.
Es que también ayer la petrolera que conduce Miguel Galuccio y la Secretaria de Energía fueron notificadas por la jueza federal Liliana Heiland (en reemplazo de la jueza María José Sarmiento, ausente por licencia) sobre la ampliación de una demanda de un grupo de accionistas españoles minoritarios de Repsol, a través de la cual solicitan a ambas entidades una copia del contrato firmado con la multinacional de origen estadounidense, hasta el momento no conocido públicamente.
En concreto, según informa el diario ‘El Cronista’, el oficio exige una copia del Acuerdo de Proyecto de Inversión celebrado entre YPF S,A, y las empresas subsidiarias de Chevron Corporation el día 16 de junio de 2013 con el objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén, incluyendo en ello todos los y/o documentación complementaria.
Las autoridades de YPF y de la cartera que dirige Daniel Cameron cuentan con 10 días hábiles para responder el pedido. Caso contrario o ante una negativa, se activarían otras dos peticiones legales en su contra, actualmente en suspenso (la solicitud a Caja de Valores y a la CNV de una copia del registro de accionistas de la empresa YPF, entre otros datos, y la anotación de la presente litis en los libros sociales de YPF y en los registros de los dos organismos mencionados).
La notificación emitida ayer, en realidad, es la ampliación de una demanda que un grupo de inversores agrupados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), junto con otros particulares, inició contra el Estado argentino en mayo pasado por daños y perjuicios, a raíz de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en manos de la española Repsol.
El gobierno de Cristina ya acumula varios pleitos por no pagar a España el monto correspondiente por nacionalizar la mayor petrolera en el país, bajo la bandera de recuperar el autoabastecimiento energético de la Argentina. Este juicio no es comercial, sino que se litiga en los tribunales contencioso administrativo. Los abogados Rodolfo Carlos Barra y Federico Jiménez Herrera, que representan a los querellantes, reclaman una indemnización que podría llegar a un canon de US$100 millones anuales (todavía está en estudio de un perito la valuación del daño). Los letrados se basan en la inconstitucionalidad de la ocupación de las acciones (o sus derechos) de propiedad de Repsol. Esto es, explican, una confiscación de la propiedad, sin que importe para esta calificación la intención de expropiar.
El Estado nacional ya está actuando como si fuera el dueño: es un confiscador ilegal y no un ocupante legal; siendo ello lo que justifica la medida aquí peticionada.
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