A fines de 2009 el kirchnerismo intentaba reagruparse tras la derrota electoral sufrida por Néstor Kirchner en octubre. Uno de los motivos fue la inseguridad. En diciembre de ese año, para recobrar iniciativa presentó un plan contra el delito donde señalaba a aquellos que reclamaban como simpatizantes de la ‘mano dura’. Ahora, en un contexto de derrota electoral, el Frente para la Victoria vuelve sobre la inseguridad pero con un discurso muy distinto cuyos referentes son Sergio Berni y Alejandro Granados. En este marco es bueno recordar lo que decían los ‘progres’ en el lejano 2009 contra la opinión de los ‘barones’ del conurbano.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Como en 2009, el kirchnerismo intenta reponerse de un mal resultado electoral, aunque recién fueron las PASO y falta poco más de 1 mes para los comicios generales. Por ese entonces, Néstor Kirchner había perdido las elecciones de ese año y el progresismo intentaba reagrupar fuerzas. Entre otras cuestiones se decidió ir contra el reclamo de más seguridad señalando a aquellos que reclamaban como simpatizantes de la ‘mano dura’. Se firmó entonces un documento denominado “Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática” inspirado en las ideas garantistas de Eugenio Zaffaroni y Cía.
En el punto 4 de ese documento se afirma todo lo contrario a lo que ahora el FpV promueve con Alejandro Granados (padre) como ministro de Seguridad bonaerense; y Sergio Berni como secretario de Seguridad de la Nación, y también Martín Insaurralde cuando planteó la baja de imputabilidad. Se suma además la medida tomada por Scioli la semana pasada donde desdobló los ministerios de justicia y seguridad. Los intendentes que llevaron adelante un mal desempeño en las elecciones de agosto decidieron adoptar medidas para cautivar a su electorado y mantener contentos a las máximas autoridades del Frente Para la Victoria, tal es el caso del Intendente de La Plata, Pablo Bruera y el jefe comunal de Tres de Febrero, Hugo Curto que inclusive participó en allanamientos.
El domingo 15/09 en Urgente24 recordamos las diferencias entre los ‘progres’ y los ‘Barones’ del conurbano y cómo éstas se remontan al nacimiento del kirchnerismo, cuando Néstor envió a Cristina a reunir a los ‘progres’ en el complejo Parque Norte, y los ‘Barones’; enviaron a su gente para sabotear el encuentro, liderados por Hilda González de Duhalde. La convivencia nunca fue sencilla. Prevalecieron los ‘progres’ hasta que llegaron los comicios de 2005 y para que ganara su candidata, Cristina, Néstor tuvo que alquilar a los ‘Barones’. Sería una conducta constante: los ‘Barones’ para los comicios, y los ‘progres’ en el interín. La relación estuvo en crisis en 2009, por la derrota electoral, y Néstor los acusó de traidores. Después se murió, distanciado de muchos de ellos. Cristina se ufanó, en 2011, de ganar sin la necesidad de ellos, sino que ellos triunfaron gracias a ella. En las PASO de 2013, el esquema explotó. Los ‘Barones’ afirmaron que la derrota fue causada por las teorías de los ‘progres’, en especial acerca de la seguridad urbana. En la recta final hacia el 27/10, técnicamente los ‘progres’ están fuera de la campaña electoral en Provincia de Buenos Aires, a cargo de los ‘Barones’, y en Ciudad de Buenos Aires ya no saben qué hacer para que mejoren su intención de voto Daniel Filmus y Juan Cabandié. Muy atrás quedaron los días cuando los ‘progres’, con Nilda Garré al frente, secundada por Horacio Verbitsky y hasta León Arslanián, se quedaron con la política de seguridad nacional, e intentaron apoderarse de la bonaerense.
A propósito del documento de 2009, esto decía el punto 4 de ese programa de Seguridad que quedó en el olvido:
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
Aunque también sobresalía el punto 7 sobre la “Gestión policial no violenta en el ámbito público” que decía:
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
Sobre ese documento es interesante repasar la extensa lista de firmantes que reproduce el diario Página/12 el 29 de diciembre de 2009 en la que se destacan muchos líderes opositores:
El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT).
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