El gobierno chileno rechazó ayer la propuesta de los condenados por violaciones a los Derechos Humanos, que el pasado sábado ofrecieron entregar información sobre sus crímenes durante la dictadura a cambio de una reducción de penas y un régimen carcelario aún más benigno que el actual. La propuesta había sido realizada por el abogado René López, defensor del general Manuel Contreras, antiguo jefe de la DINA, la policía secreta del régimen cívico-militar de Augusto Pinochet.
Nota de Tiempo Argentino
La secretaria general de Gobierno de Chile, Cecilia Pérez, expresó su rechazo ante la oferta de los represores y consideró que, en base a la propuesta realizada por el abogado López, Contreras tiene información muy valiosa, lo que debería motivar su pronta citación ante la justicia. «Yo espero que este señor que, dadas sus declaraciones, al parecer tiene información sobre eventuales lugares donde habría detenidos-desaparecidos, sea citado por la justicia para entregar esa información. Eso es lo que corresponde», señaló la ministra, quien recordó que la «información sobre violaciones a los Derechos Humanos jamás se puede negociar».
La propuesta de aquellos que cometieron violaciones a los Derechos Humanos, sin embargo, fue desmentida por el hijo del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras Valdebenito, quien desautorizó al abogado López y aseguró que su padre no tiene más información que la que ya suministró a la justicia. «En ningún momento le hemos dado un patrocinio para que haga otras acciones y solicitudes que él mismo ha dicho de una forma muy extraña, que yo tampoco entiendo lo que está haciendo. Toda la información que se pudo haber dado ya fue entregada a tribunales y no sé de qué otra información está hablando», sostuvo Contreras Valdebenito en referencia a la oferta que había hecho pública el representante legal de su padre.
La propuesta, además, fue rechazada por un amplio abanico de dirigentes políticos y humanitarios. Entre ellos, la ex presidenta Michelle Bachelet, quien junto con sus padres fue víctima de la dictadura, y sostuvo que lo dicho por López es «inadmisible» porque «con los crímenes de lesa humanidad no se negocia».
