El gobierno los conminó a deponer su actitud, pero estos grupos ponen como condición no negociable que se arreste a los cabecillas del cártel narco los Caballeros Templarios. «Se salió de control», opinan los especialistas.
Fuente: Info News
Nota Tiempo Argentino
Imagen: EFE
Los grupos de civiles armados que desafían al gobierno en el anárquico estado de Michoacán se aferraron a sus armas, a pesar de la orden federal del miércoles, mientras las autoridades batallan para controlar un monstruo que ellos mismos ayudaron a crear: las milicias ciudadanas que surgieron entre los agricultores y recolectores de limones para combatir un cártel narco, y que empiezan a convertirse en un problema tan grave como el que lo generó.
Los civiles armados controlan ahora las 17 municipalidades del suroeste de Michoacán, cerca de un tercio del estado. «No quieren que traigamos armas a la vista, no nos van a molestar, pero ya no quieren que avancemos», afirmó Hipólito Mora, cabeza de un grupo de autodefensa en el poblado de La Ruana.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong negó que se hubiera hecho un acuerdo con las autodefensas. «Por parte de la autoridad no se va a permitir que se transite con las armas que están prohibidas por ley… se les deja con toda claridad que ellos no pueden estar armados», señaló, aunque agregó que arrestar a las autodefensas no era el objetivo.
Las autodefensas exigen que el gobierno arreste a los siete máximos líderes del cártel pseudo religioso conocido como los Caballeros Templarios antes de considerar dejar las armas. La noche del miércoles, tras una escalada violenta en la que murieron dos personas en un confuso enfrentamiento con el Ejército, el gobierno informó que la policía federal había detenido a dos de los Templarios. Pero el portavoz de las autodefensas, Estanislao Beltrán, dijo que no estaban satisfechos, ya que no se trataba de los cabecillas.
El gobierno reforzó esta semana el despliegue de la policía federal en la rica región agrícola de Tierra Caliente, y se comprometió a controlar la zona que ha estado durante al menos tres años bajo dominio templario. Pero la decisión llega después de meses de tolerancia no oficial hacia los grupos de autodefensas.
«Lo que se generó fue un Frankenstein. Se les salió de control», dijo Erubiel Tirado, especialista en las relaciones entre civiles y militares de la Universidad Iberoamericana, en lo que calificó como una estrategia esquizofrénica que permite a la población civil hacer el «trabajo sucio» del gobierno.
Hasta el momento, las autodefensas fueron más eficaces que el gobierno, que envió tropas a Michoacán por lo menos desde 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra el narcotráfico. Cuando los policías federales llegaron el martes a Apatzingán, bastión de los Caballeros Templarios, muchos residentes simplemente se encogían de hombros ante la exhibición de fuerza.
La policía enviada desde otros lugares no sabe dónde están los criminales, dijo el sacerdote Gregorio López, integrante de la diócesis de Apatzingán. Las autodefensas, en cambio, sí. Con ayuda de los residentes locales que señalan a los matones, los matan o los llevan a cárceles improvisadas. Los narcos por lo general huyen antes de que lleguen las autodefensas y queman vehículos para cubrir su huida.
Con el «aporte voluntario»
En cada nuevo poblado que toman las autodefensas, son recibidas por decenas de jóvenes entusiastas que quieren unirse al movimiento y «liberar» más ciudades. Estos grupos paramilitares cuentan por ahora con el apoyo de los lugareños, pero muchos activistas de Derechos Humanos y expertos legales advierten que podrían simplemente remplazar al cártel como nueva autoridad al margen de la ley. Los gobiernos estatales y federales dicen que incluso algunos grupos de autodefensa fueron infiltrados por un cártel rival de los Caballeros Templarios, llamado Nueva Generación, del vecino estado de Jalisco. Los líderes de autodefensas lo niegan. Aseguran que financian su batalla con aportes voluntarios de los ciudadanos, que destinan el dinero antes usado para pagar las extorsiones del cártel. También dicen que los financian acaudalados terratenientes de esa rica región agrícola.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), creeo que «no es difícil imaginar que estos grupos se involucren en las mismas actividades criminales que el gobierno necesita erradicar».
