Los estatales se preparan para combatir una oferta que las discusiones con los maestros han mostrado ya inaceptable. Las posturas desde el sindicalismo opositor fueron 2, una fue activar un para nacional para el próximo miércoles en reclamo del 35% de aumento, la otra, un poco más cauta, pide un 30%. «El Estado vuelve a poner a los trabajadores como variable de ajuste», se quejaron ayer los moyanistas. Desde el sindicalismo oficialista también se endureció la posición.
La oferta de 22% que el Gobierno de Cristina Fernández elevó a los maestros dista demasiado de las expectativas de todos los gremios estatales. Incluso, de aquellos sindicatos que están fuertemente identificados con el kirchnerismo, como es el caso de UPCN.
Desde el sindicalismo opositor surgieron dos posturas. La CTA que encabeza Pablo Micheli activó un paro nacional para el miércoles próximo. No logró convencer a Hugo Moyano de sumarse a la protesta. De esta manera, el poder de daño se concentrará en ATE, el gremio estatal con mayor presencia territorial: tiene 246.098 afiliados en 21 provincias.
La medida de fuerza tendrá como eje solicitar la realización de paritarias libres y sin restricciones de tiempo, con un piso de 35% de aumento; la convocatoria al Consejo del Salario para llevar el sueldo básico a 8500 pesos, y el pago de una bonificación de 3000 pesos que también incluya a los jubilados.
La otra posición, algo más cauta, la tomó ayer el sector estatal que integra la CGT de Moyano. Tras un plenario, exigió establecer un piso salarial de 6.500 y un aumento del 30% en las negociaciones paritarias. Participaron 18 sindicatos, entre los que se destacan el personal de la Anses, el PAMI, la AFIP, los judiciales, municipales porteños y el sindicato de policías y penitenciarios. Todos ellos activaron un plan de lucha y coincidieron en un documento que apunta directamente al Estado en su rol de empleador.
«El Estado vuelve a poner a sus trabajadores como variable de ajuste, recurriendo a las fórmulas neoliberales que rechazan en los discursos, pero pretenden llevar a la práctica. En el comienzo de la ronda paritaria, el Gobierno y a su sombra los gobiernos provinciales y municipales, sin distinción partidaria, apuestan a dar una señal de ajuste al salario de los estatales marcando un techo a la negociación del sector privado», dice un fragmento del documento que sellaron ayer los gremios moyanistas en la sede de Azopardo 802.
El plenario se cerró con la participación de Moyano, que dio su «apoyo total» a los reclamos de los estatales y caminó con pies de plomo sobre el rumbo económico que adoptó la Casa Rosada.
«Las medidas de ajuste que está tomando el Gobierno creo que las hubieran tomado (Domingo) Cavallo y (José Alfredo) Martínez de Hoz. Son medidas neoliberales. Están pidiendo a los gremios que no pidan más de un 25%. Lo aceptarán solamente los sumisos y los entregadores. Aceptar un aumento por debajo de la inflación es faltarles el respeto a los trabajadores. La base del aumento salarial es el 30% ante la crisis que estamos viviendo. No es un porcentaje desbordante si se tiene en cuenta la base de esos salarios», dijo Moyano desde el estrado del salón Felipe Vallese.
Desde el sindicalismo oficialista también se endureció la posición. Los dos conflictos más llamativos fueron el de los docentes de la Ctera y el de la seccional bonaerense de UPCN, que acató la conciliación obligatoria tras activar un paro en contra de la administración de Daniel Scioli.
La cúpula nacional de UPCN se alejó de este episodio y se alista para negociar salarios en mayo. «Todavía es muy pronto para hablar de porcentajes, pero seguiremos con detenimiento cómo funciona el acuerdo de precios, la estabilidad del mercado cambiario y el avance del resto de las paritarias», dijo al diario ‘La Nación’ un jerárquico del gremio estatal, en un intento de poner paños fríos.
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