Último día de la Administración Piñera, y el Presidente saliente intenta su última apuesta legislativa a horas de dejar La Moneda: 4 proyectos de ley para la próxima legislatura: una “ley corta” para los trabajadores portuarios, otra sobre pensiones de las Fuerzas Armadas, una más que crea el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Educación Superior, y el nuevo Código Penal. Pero también suceden otras cuestiones, esperando a Michelle Bachelet. Algunas de ellas, preocupantes acerca del desgaste anticipado que le provoca a la Presidenta electa el «fuego amigo».
Día de transición en Chile. Hasta el Hotel Plaza San Francisco, en el centro de Santiago, llegará hoy (lunes 10/03) el futuro ministro de Hacienda, Alberto Arenas, para almorzar con los integrantes de las comisiones de Hacienda de partidos de la Nueva Mayoría, Andrés Zaldívar (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD), Carlos Montes (PS), Pablo Lorenzini (DC), José Miguel Ortiz (DC), Pepe Auth (PPD), Manuel Monsalve (PS), Marcelo Schilling (PS) y Enrique Jaramillo (PPD).
La idea es iniciar la coordinación legislativa entre el próximo gobierno y los parlamentarios, para enfrentar la intensa agenda de proyectos que busca impulsar la administración de Michelle Bachelet a partir del miércoles 12/03, cuando ingrese el proyecto conocido como “Bono marzo” (durante la campaña electoral, Bachelet planteó, entre las primeras 50 medidas de sus primeros 100 días de gobierno, el pago de un subsidio para las familias vulnerables).
Pero es una jornada de nuevas convulsiones hacia adentro del equipo que asumirá en horas más.
A tres días de su toma de posesión y a solo horas de que comiencen a arribar a Santiago los primeros invitados internacionales para participar en el cambio de mando de este martes, Michelle Bachelet ha debido tomar una decisión sobre el caso que marcó la agenda política chilena en las últimas semanas: la presidenta electa ha aceptado este sábado la renuncia de Carolina Echeverría, elegida para la Subsecretaría de Defensa, que había sido cuestionada por asociaciones de derechos humanos por los vínculos de su padre con casos de represión en la dictadura.
No es la primera baja del Gobierno de Bachelet antes de asumir. El proceso de nominaciones de nuevas autoridades ha sido complejo para la médico socialista que ha debido aceptar cuatro renuncias por diferentes situaciones desde que a fines de enero anunció los nombres de sus colaboradores en este segundo mandato (2014-2018).
Una semana después de ser nominada subsecretaria de Educación, la economista Claudia Peirano declinó asumir después de ser cuestionada por los líderes estudiantiles por no apoyar la gratuidad en el sistema y acusada de conflictos de interés. Luego de un mes de presiones externas y debate público, otros dos subsecretarios tuvieron que presentar sus renuncias: Hugo Lara, de Agricultura, por haber enfrentado dos querellas por delitos económicos, y Miguel Moreno, de Bienes Nacionales, condenado por tocarle los glúteos a una mujer en el metro.
El caso de Echeverría, sin embargo, tenía una connotación especial por apuntar a un tema sensible para el centroizquierda chileno y para la propia Jefa de Estado electa, que a comienzos del Gobierno de Pinochet fue víctima de prisión y tortura junto a su madre y luego, como ministra de Defensa (2004-2004), llevó adelante un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y acercamiento con el mundo civil.
Las organizaciones de derechos humanos acusaron a su padre, Víctor Echeverría, oficial de Ejército en retiro, de haber sido torturador después del Golpe de septiembre de 1973. Era el capitán a cargo del regimiento Buin, utilizado como centro de detención y tortura y, aunque ha declarado ante la Justicia, no ha sido procesado por los tribunales. “Dirigía las torturas, fue un violador y un asesino”, acusó la escritora Mónica Echeverría, una de las presuntas víctimas del militar que hicieron público su testimonio en las últimas semanas.
Correos electrónicos
Cuando faltaban menos de 2 meses para el traspaso de gobierno, la Administración Piñera publicó en el Diario Oficial un decreto que le permite borrar los mails enviados y recibidos dentro del Estado sean borrados. El objetivo obvio fue reducir los costos de futuras denuncias en contra.
Claudia Urquieta Ch., en la web El Mostrador:
«En la más estricta reserva, el pasado 27 de febrero el gobierno de Sebastián Piñera publicaba en el Diario Oficial un Decreto Supremo que, en la práctica, permite a los funcionarios públicos borrar los correos electrónicos.
Esto, porque el Decreto Supremo 14, del Ministerio de Economía, modifica el reglamento sobre documentos electrónicos, firma electrónica y certificación de dicha firma, y además deroga una serie de decretos relacionados con el tema, entre ellos, el decreto 77, de 2004.
Impulsada durante el gobierno de Ricardo Lagos, dicha normativa regulaba las comunicaciones electrónicas entre órganos de la administración del Estado y disponía como obligación a todos los funcionarios públicos conservar sus correos electrónicos por un periodo de 6 años, señalando que “con la finalidad de asegurar la constancia de la transmisión y recepción, los órganos de la administración del Estado que hagan uso de medios de comunicación electrónicos, deberán conservar los registros de estas comunicaciones por un período de tiempo que no podrá ser inferior a 6 años”.
Pero tras la modificación hecha por el actual gobierno –firmada por el 15 de enero pasado por el Mandatario, junto a los ministros de Economía, Félix de Vicente, y de Interior, Andrés Chadwick, además del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet y el subsecretario de Economía, Tomás Flores–, podrían no quedar registros de los mails enviados y recibidos durante su gobierno, esto ad portas de que se produzca el cambio de mando.
Según explica María José Poblete, directora ejecutiva de Pro Acceso, los decretos derogados “establecen las normas técnicas que regulan los documentos electrónicos del Estado. En el caso del decreto 77, es importante porque establecía normas que fijaban las reglas para el tratamiento de comunicaciones de correos electrónicos entre los mismos órganos del Estado, así como entre el Estado y los ciudadanos”. En su opinión, el riesgo de haberlo eliminado es “que se abre la puerta a que se borren los correos, porque deroga la norma expresa que establece que por seis años se deben guardar los mails”.
Según explica María José Poblete, directora ejecutiva de Pro Acceso, los decretos derogados “establecen las normas técnicas que regulan los documentos electrónicos del Estado. En el caso del decreto 77, es importante porque establecía normas que fijaban las reglas para el tratamiento de comunicaciones de correos electrónicos entre los mismos órganos del Estado, así como entre el Estado y los ciudadanos”.
En su opinión, el riesgo de haberlo eliminado es “que se abre la puerta a que se borren los correos, porque deroga la norma expresa que establece que por seis años se deben guardar los mails”.
Y agrega que “ahora no sabemos qué pasará con la memoria digital. Aquí hay una reforma pendiente a la ley para que quede claro cómo se protegen los correos electrónicos, porque son información pública”. (…)».
¿Cuáles son las prioridades de Bachelet?
Entre las 50 prioridades de Bachelet, a causa de la elevada conflictividad que supondría no resolverlo cuanto antes, aparece la reforma educativa. El plazo son 100 días a partir de que ella jure. Es un tema difícil, y además le ha provocado, durante la transición de las semanas recientes, hasta renuncias de funcionarios designados.
Al respecto, Ricardo Ahumada en el semanario The Clinic:
«Una semana y media antes que el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, anunciara en una entrevista con radio ADN como posible asesor del ministerio a Miguel Crispi, ex presidente de la Feuc y ex coordinador general de Revolución Democrática, el movimiento ya estaba instalado en el edificio del pasaje Valentín Letelier.
Fue Gonzalo Muñoz, ex encargado del área educacional de RD, quien participó la última semana de febrero del proceso de traspaso del Mineduc el que inauguró el aterrizaje de los “revolucionarios” al gobierno de la Nueva Mayoría.
Quizás porque no es su debut en reparticiones públicas, el anuncio de Eyzaguirre de contar con Crispi, además del ex presidente de la Fech Rodrigo Roco, provocó un efecto casi inmediato en el movimiento estudiantil por la colaboración que ahora tendrían actores clave del debate educacional durante este año. Y más aún, sobre la participación de Revolución Democrática en el gobierno de la Nueva Mayoría.
Conocidos
“Estaré contento de asumir tanto apoyos como críticas cuando enviemos proyectos, pero no sobre la base de subjetividades”. Esa fue la frase con la que el futuro mandamás del ministerio de Educación respondió a las críticas y comentarios varios que generó el anuncio de Crispi al equipo de colaboradores de Eyzaguirre.
En parte, porque si bien el nombramiento de Crispi fue sorpresivo y generó repercusión en el mundo estudiantil, no es un nombre ajeno. Ex militante del PS, partido al que renunció en 2012 antes de fundar Revolución Democrática, es además hijo de Claudia Serrano, quien fue ministra del Trabajo y Previsión Social de Michelle Bachelet.
Pero más importante aún fue su trabajo en la Fundación Dialoga, base del bacheletismo. Ahí Crispi se desempeñó como director del Área Jóvenes y Nuevos Liderazgos, lugar que también dejó para dedicarse a la construcción del movimiento político que dirigió hasta enero pasado.
De esa forma, junto a Muñoz, serán parte del staff encargado de llevar adelante la reforma educacional que desde el próximo martes tendrá 99 días para ser presentada en sociedad. Muñoz, sociólogo y académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, se desempeñó desde octubre de 2012 como miembro del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación, instancia creada al alero de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación -promulgada por Sebastián Piñera- y que es encargada de delinear mejoras en política educacional.
A ellos, se sumarían en los próximos días nombres en otras reparticiones, como la Secretaría General de la Presidencia. (…)»
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