Héctor Gustavo Alonso, ex esposo de la actual Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volverá a ser investigado por fraude a la empresa Aerolíneas Argentinas cuando estaba gestionada por los españoles. Es por desvío de fondos destinado al pago de deudas. El dinero se habría sido usado para capitalizar a un accionista privado que se convirtió en dueño y acreedor de la empresa.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El ex marido de la actual Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volverá a ser investigado por fraude a la ahora estatizada Aerolíneas Argentinas. Un revés judicial importante para Héctor Gustavo Alonso que había sido sobreseído por la Cámara del Crimen porteña en la causa que data de la época en que la línea de bandera estaba bajo la gestión de los españoles.
La Sala 6ta de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Ricardo Matías Pinto, Mario Filozof y Jorge Luis Rimondi decidieron que Alonso vuelva a ser investigado en una maniobra por el supuesto desvío de US$ 1.238 millones aportados por el Estado español para sanear deudas de la aerolínea, pero que en realidad habría sido capitalizado por un accionista privado para, en lugar de cancelar el pasivo, convertirse en dueño y al mismo tiempo acreedor de la empresa, precisó este martes (8/04) el diario Clarín.
En el mismo expediente están bajo investigación los empresarios españoles Antonio Mata Ramayo y Gerardo Díaz Ferrán.
“Mata Ramayo, como presidente de Air Comet, con el dinero adelantado por la SEPI habría abonado US$ 195.000.000 en España a distintos bancos acreedores de Aerolíneas y se subrogó en el crédito”, sostiene la acusación.
Mientras Mata Ramayo sigue investigado, otros cuatro imputados fueron sobreseídos, lo que según habían apelado los fiscales Cristina Camaño y Sandro Abraldes- “podría condicionar el futuro de la causa hasta hacer fracasar la búsqueda de la verdad y una eventual condena”.
Mata Ramayo y Díaz Ferrán están imputados por “haber desviado los fondos que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España (SEPI, corporación constituida en España siendo propietario el estado español, quien hasta octubre de 2001 resultaba accionista mayoritario y controlante total de la firma Interinvest SA) entregara a Air Comet SA para ser destinados a sanear el pasivo de Aerolíneas Argentinas, al desarrollo de un plan industrial y a la renovación de la flota de la aerolínea, entre otras cosas, en el marco de un convenio de transferencia”.
La causa pasó en el año 2009 a tramitar ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, pero una parte del expediente quedó ante el juez de instrucción porteño Alberto Baños, quien dictó la “falta de mérito” para un grupo de imputados, y sobreseyó a otros: María Cristina Tapia Sasot (síndico de Aerolíneas y de Interinvest), Héctor Gustavo Alonso (integrante de la Comisión Fiscalizadora), Diego Fargosi (ex director de Aerolíneas) y Carlos Mateu (director suplente).
Ahora, toda la causa quedó en manos de De Giorgi, quien deberá determinar futuras acciones en la causa.
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