Conforme el interés del oficialismo, se firmó al cabo de un plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto que contó con la presencia de invitados de la oposición que formularon críticas al entendimiento.
Con la presencia de especialistas convocados por la oposición para exponer en torno al acuerdo con Repsol por YPF, se realizó la segunda jornada del plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, un día después de que la reunión pasara a un cuarto intermedio tras las exposiciones del ministro de Economía, Axel Kicillof, del secretario legal y técnico de Presidencia, Carlos Zannini, y del CEO de YPF, Miguel Galuccio.
Al cabo de las exposiciones, el oficialismo avanzó en lo que era su intención principal: firmar el dictamen para dejar listo el proyecto sin modificaciones, de modo tal de convertirlo en ley el miércoles 23 de abril, en la que sería la única sesión del mes.
En su participación de este miércoles, el exsecretario de Energía Aliego Guadagni adjudicó la caída de la producción de YPF a la venta que hizo Repsol al Grupo Petersen, “que nunca se constituyó en la Argentina”, recordando que esa operación estuvo forzada por el Gobierno kirchnerista.
Por su parte, Gustavo Calleja criticó a la empresa Repsol asegurando que “vació el único yacimiento que teníamos”, en referencia a Loma de la Lata. A su juicio, los españoles se querían ir de Argentina a México, razón por la cual “se podría haber negociado por menos dinero” que lo que se acordó finalmente.
El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía (FETERA), José Rigane, consideró a la energía como “un bien social” y consideró que “la extranjerización y la privatización (de YPF) han fracasado”. Para Rigane, “el Estado no debe ser bobo y aliado de grupos transnacionales”.
A su juicio, en lugar de pagársele a los españoles, “Repsol debería haber indemnizado a la Argentina, pero los grupos transnacionales siempre se van ganando”. Cuestionó además la pertenencia argentina al CIADI, donde “siempre perdemos los juicios contra las transnacionales”, cuando en este caso “hay sobradas razones para no pagar lo que nos piden”.
Participó también el dirigente del PO Jorge Altamira, quien cuestionó que se indemnice a Repsol. “Vaciaron YPF”, argumentó, recordando que “el vaciamiento comenzó en 1992, cuando YPF fue privatizada”. El dirigente político se preguntó cuál fue la utilidad pública “si finalmente indemnizamos a Repsol” y reclamó en lugar de un pago para los españoles enjuiciar a la empresa y sus funcionarios. “No podemos ser entrevistas”, sostuvo, rechazando que el Congreso deba avalar el acuerdo.
Altamira denunció además que Argentina terminará pagándole a los españoles ocho mil millones de dólares.
Sebastián Scheimberg, de la Fundación Pensar, lamentó lo que consideró “una continuidad de la dependencia energética”. Asimismo sostuvo que con el acuerdo con Repsol “se deriva un aplazo, pero la política energética sigue a la deriva”.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, se quejó por la contaminación ambiental y sostuvo que “triunfa una vez más el cinismo político, al socializar los pasivos ambientales”.
Eduardo Mertehikian, de Assupa, rechazó “la cláusula de indemnidad” y reclamó “resolver las contingencias ambientales”. “Queremos que las cosas vuelvan al estado anterior a la concesión a YPF”, sostuvo.
El acuerdo es rechazado por la UCR y el FAP, que objetan el precio que el Tribunal de Tasación fijó para la indemnización, así como la exclusión de los pasivos ambientales del texto del acuerdo. La propuesta también recibió cuestionamientos por parte del peronismo disidente y Unión Pro, que en el Senado decidieron abstenerse.
Tal como sucedió en la Cámara alta, donde el proyecto obtuvo 42 votos a favor y 18 en contra, el oficialismo contaría con el apoyo de la facción opositora del Movimiento Popular Neuquino y de sus aliados tradicionales.
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