El juez federal Luis Rodríguez dispuso que las compañías telefónicas le informen las llamadas entrantes y salientes de doce líneas pertenecientes al subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, número dos de Carlos Zannini , y a Carlos Leiva, secretario del juez federal Norberto Oyarbide.
También pidió conocer todas las llamadas que hizo el empresario Guillermo Greppi ese día, el dueño de Propyme, pues él al declarar en la causa y denunciar que fue víctima de extorsión por policías que le exigían 300 mil dólares para terminar el allanamiento llamó a muchas personas, entre ellos Liuzzi.
Por otra parte, y al no contar Oyarbide con línea de celular a su nombre, el juez Rodríguez pidió al Director Nacional de Gendarmería, Comandante Enrique Zach, que aporte el listado de custodios de esa fuerza que estuvieron junto a Oyarbide ese 19 de diciembre de 2013. Oyarbide en todo momento está acompañado por varios custodios en el traslado a Tribunales cuando se mueve dentro del edificio.
La causa se inició tras una denuncia hecha por los radicales José Cano, Manuel Garrido y Mario Negri quienes consideraron que «llama poderosamente la atención que un juez decida interrumpir un procedimiento que él mismo fundamentó con el solo pretexto de que una dependencia del Poder Ejecutivo ‘le merece toda la confianza'».
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