Un grupo de diputados encabezados por Margarita Stolbizer advierte por las “presuntas irregularidades y sospechas” en las expropiaciones de la década kirchnerista. Los casos de Aerolíneas y de Ciccone.
Durante la década kirchnerista, el Estado nacional logró ampliar su estructura con la recuperación del control de un grupo de empresas privatizadas durante los noventa y que son claves para la economía argentina. Aerolíneas Argentinas, los fondos de las AFJP, la exCiccone Calcográfica e YPF, son sin lugar a dudas los casos paradigmáticos. Todos ellos tuvieron como protagonista al Congreso, que dictó sendas leyes de expropiación.
Sin embargo, para un grupo de diputados en algunos casos existen “presuntas irregularidades y sospechas”.
Así lo advierten Margarita Stolbizer (GEN), Victoria Donda (Libres del Sur), Virginia Linares (GEN), Juan Carlos Zablaza (Partido Socialista), Graciela Villata (Frente Cívico Córdoba) y Elisa Rasino (Partido Socialista), que proponen una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Personas Jurídicas Expropiadas, a fin de “evitar consecuencias negativas futuras sobre el patrimonio de los argentinos”.
“Irregularidades” en Ciccone y AA
A modo de ejemplo, los legisladores destacan el caso de Compañía de Valores Sudamericana, (ex Ciccone Calcográfica). En 2012, tras emerger el escándalo que involucra al vicepresidente Amado Boudou, se la declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación y se determinó que el precio de los bienes serían tasados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que la suma que eventualmente debería abonarse será pagada con la deuda que la empresa registre ante la AFIP y que una vez culminado el proceso de expropiación, la totalidad de los bienes pasarán a integrar el patrimonio de la Casa de la Moneda.
Sin embargo, los diputados señalaron que “el levantamiento de la quiebra de la exCiccone Calcográfica y su posterior desenvolvimiento, dieron origen a una serie de denuncias e investigaciones en las que se encuentran involucrados funcionarios de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, como el vicepresidente”.
Otro caso es el de la línea aérea. Dicho proyecto de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y las demás empresas pertenecientes al Grupo fue ratificado y convertido en ley el 17 de diciembre de 2008, siendo declaradas estas empresas de utilidad pública.
En relación a esta empresa, los legisladores indicaron que, “según surge de un informe de la Auditoría General de la Nación de este año, Aerolíneas Argentinas y Austral recibieron transferencias por 2.700 millones de dólares desde su estatización”.
“La AGN subraya que tanto Aerolíneas como Austral ‘incrementaron sus pérdidas acumuladas, las que impactaron sobre su estructura patrimonial’. Además advierte que estos pasivos pueden establecerse ‘como causal de disolución’ de la sociedad comercial, por ‘la pérdida del capital social, debiendo los accionistas reintegrar total o parcialmente su capital para que no se produzca la liquidación’, según se desprende del inciso 5º del Artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales”, advierten.
Para los diputados, “los hechos descriptos, en los que se encontrarían involucrados funcionarios públicos, y en donde se hallan en juego fondos públicos ameritan por parte de todos los poderes del Estado de la realización de todos los controles y seguimientos que resulten necesarios”.
Facultades de la bicameral
En este marco, el proyecto encabezado por Stolbizer propone una bicameral que tenga como misión “el control y el seguimiento del proceso expropiatorio, tanto en forma previa, como con posterioridad”.
Además, el cuerpo parlamentario tendría como objetivo el control y seguimiento del cumplimiento de las condiciones y objetivos previstos en la ley de expropiación, así como los resultados económico-financieros que se deriven en cada caso particular, y la evaluación de calidad de funcionamiento y ejercicio de las responsabilidades asignadas a los funcionarios a cargo.
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