El proyecto del kirchnerismo que reforma la Ley de Abastecimiento para aumentar el control sobre las empresas privadas y otorgarle amplias facultades a la secretaría de Comercio para establecer un gran número de sanciones, generó rechazó entre los industriales. Ayer (12/08) en un reunión de junta directiva, la UIA planteó su oposición a la iniciativa, a la que calificaron de una «verdadera estatización del mercado». Este jueves (14/08), los industriales tendrán otra reunión con el secretario Augusto Costa, donde le plantearán su oposición a varios puntos de la norma. La Copal envió una misiva a los legisladores donde advirtió sobre el impacto que el proyecto tendrá –de convertirse en ley- sobre la producción y la inversión, así como en el empleo.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Empieza la resistencia de los industriales a la nueva Ley de Abastecimiento que promueve el gobierno de Cristina Fernández. Ayer (12/08), la Comisión Directiva de la UIA mantuvo una reunión con el secretario de Comercio, Augusto Costa, donde le plantearon que el texto enviado al Senado afectará a la industria en forma negativa. Tras ese cónclave, se desarrolló el encuentro de la Junta Directiva de la central fabril, (donde participan cámaras y uniones industriales del interior). Allí, el presidente de la UIA, Héctor Méndez, informó sobre lo conversado con Costa.
Al término de esa reunión, el vicepresidente de la entidad, José Urtubey, anunció que el proyecto que modifica las leyes de Abastecimiento, Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor «no va a ser acompañado por la entidad porque entendemos que afecta a la iniciativa privada y a la inversión», indicó ayer el portal Infobae.
El problema para Costa es que dentro de los empresarios que se oponen que al proyecto están sectores que suelen acompañar al Gobierno, como Manfredo Arheit, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), quien opinó: «Vamos a tener que hablar con el Gobierno». Los más críticos afirman que el proyecto estaría a la altura de lo que ocurre en la Venezuela de Nicolás Maduro.
Los industriales ya están en campaña para buscar juristas como Jorge Vanossi o Alberto García Lema para que se expidan sobre la constitucionalidad de la iniciativa.
Al mismo tiempo, desde la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) –que advirtió sobre el impacto que la norma tendrá sobre la producción y la inversión, así como en el empleo- fuentes de la entidad que dirige Daniel Funes de Rioja indicaron que enviaron ayer por la tarde una misiva a los legisladores donde se advirtió sobre el impacto que la norma tendrá sobre la producción y la inversión, así como en el empleo. La carta fue remitida a los presidentes de ambas cámaras y a las comisiones que tratarán el proyecto: Derechos y Garantías, Industria y Comercio, y Justicia, en la que advierten que la iniciativa es «inconstitucional»porque viola «varios de los artículos de la carta magna».
La UIA –que el jueves se reunirá nuevamente con Costa- analiza emitir un comunicado de repudio y pedir una reunión de urgencia con el resto de las entidades empresarias del Grupo de los 6 (G6), a pesar del adelantamiento de la Copal.
Desde la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega destacó que la reforma presentada por Cristina elimina la pena de prisión para los empresarios, pero «mantiene la letra que permite al Estado hacer una fuerte intervención sobre los mercados». De la Vega alertó que el proyecto incluye la posibilidad de «clausuras que estamos estudiando si afectan a los derechos individuales».
Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se manifestaron a favor de una modificación de la ley de abastecimiento que data de 1974, durante la gestión de José Ber Gelbard, pero advirtieron sobre los riesgos de los precios máximos.
Los artículos que cuestionan los industriales están principalmente en el capítulo de la reforma que habla sobre Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. Incrementa las facultades de control y sanciones. De aprobarse, el Gobierno estará habilitado para incautar y vender mercaderías sin la necesidad de un juicio de expropiación previo.
Según analiza el portal Infobae, la iniciativa del Gobierno fija en el artículo 2 diversas atribuciones que se considera que conspiran contra las metas de las empresas de tender a un desarrollo sustentable, con inversión y generación neta de empleos:
a) Establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios o todas o algunas de estas;
b) Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación distribución y/o producción;
c) Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como así también en la fabricación de determinados productos dentro de niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación;
d) Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico y obligar a la publicación de los precios de bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta».
Mientras que en el artículo tercero establece: «Los gobernadores de provincia y/o el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sí o por intermedio de los organismos o funcionarios que determinen, podrán fijar dentro de sus respectivas jurisdicción precios máximos y las pertinentes medidas complementarias».
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