La decisión de la presidenta Cristina Kirchner de solicitar al Parlamento la sanción de una ley para cambiar la jurisdicción y la sede del pago de la deuda reestructurada no fue bien vista por economistas y analistas de consultoras privadas como solución para salir del default, a la vez que dudan sobre la efectividad que pueda tener la medida entre los tenedores de bonos que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
Coinciden en que la propuesta de la mandataria sólo hará profundizar en el tiempo la situación de cesación de pagos en la que cayó el país porque seguirá incumpliendo el fallo del juez Thomas Griesa, que obliga a depositarle a los fondos especulativos que ganaron el litigio unos 1.300 millones de dólares.
Entienden, además, que el mensaje de la jefa de Estado por cadena nacional, anoche, cerró las puertas a un eventual acuerdo con esos tenedores de bonos en default que ganaron la batalla judicial en los Estados Unidos.
El riesgo principal que señalan los economistas a la hora de implementar un nuevo canje es que algunos fondos, por sus propias normas internas, están imposibilitados de invertir en activos regidos por leyes que no sean las de los Estados Unidos, aún queriendo ingresar al canje anunciado por la Presidente.
«La clave está en qué va a pasar con los que no puedan entrar al canje, el proyecto de ley prevé depositar el dinero en un fondo fiduciario, pero no queda claro si eso viola o no las condiciones de emisión de los bonos o si los tenedores de bonos del canje van a tener que salir a venderlos, sostuvo Marina Dal Poggetto, del estudio Bein.
Para la economista, «lo más positivo que le veo a todo esto es el depósito del dinero para que los holdouts lo vengan a buscar, es un cambio radical respecto de lo que fue en su momento la Ley Cerrojo».
Carlos Melconian también planteó sus dudas sobre la adhesión que reciba la propuesta argentina entre los bonistas reestructurados con papeles bajo ley extranjera, alrededor del 80% del 92.4% que aceptó los canjes de 2005 y 2010. «Es un desafío», subrayó el economista a la vez que remarcó que se desconoce cómo será tomada la propuesta del Gobierno en el mundo y en la Justicia de los Estados Unidos.
«En esta disociación que tenemos con el mundo, sumamos un tema adicional de cómo responderá la Justicia norteamericana», opinó el economista para quien «en términos prácticos» el proyecto de la Presidente de cambiar la sede del pago de la deuda «dilata la solución» con los holdouts. «Es el intento de la búsqueda de una solución complicada», resumió.
Asimismo, puso el foco en que «si hasta ayer se discutía si esto (el default) era una cuestión transitoria esperando a que venza la RUFO y en enero arreglar con los holdouts, da la impresión que la Argentina ahora está en otro camino, está en un camino de seguir redoblando la apuesta. Ya no tiene sentido que venza la cláusula».
Para el economista Fausto Spotorno, de OJF, la medida «desde el punto de vista de la economía, no soluciona el problema de la falta de dólares».
La decisión de la Casa Rosada también fue objetada a través de las redes sociales por economistas como Rodrigo Álvarez y José Luis Espert.
En tanto, Espert opinó que «el envío de Cristina Kirchner de un proyecto de ley para cambiar de jurisdicción demuestra que la RUFO no era motivo para desacatar a Griesa». «El Congreso es copartícipe del fracaso del canje de deuda de Kirchner. No puede ser copartícipe de que por ley Argentina país desacate un fallo» de la Justicia norteamericana, indicó Espert.
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