La Cámara baja se reúne desde las 12.04 para tratar la actualización de la Ley de Abastecimiento y la creación de un observatorio de precios y de fueros para consumidores. El kirchnerismo se alzaría con las leyes en la madrugada de este jueves, frente al rechazo de la oposición. Se esperan 24 horas de sesión.
Apremiado por la inflación, el kirchnerismo en la Cámara de Diputados se apresta a convertir en ley el trío de proyectos del Poder Ejecutivo que actualizan la Ley de Abastecimiento y que crean un observatorio de precios y un fuero judicial para atender reclamos de consumidores.
La sesión especial comenzó a las 12.04 con la presencia de 139 legisladores, esto es, 10 más que el quórum reglamentario. Para ello el Frente para la Victoria contó con el apoyo de sus aliados tradicionales, incluyendo a Martín Insaurralde, el MPN, además del moyanista Omar Plaini y del massista Alberto Roberti. Una vez luego, los bloques opositores bajaron al recinto.
El debate promete mucha polémica y podría quedar en el podio de sesiones más largas de la era K: según anticiparon fuentes oficiales, la sesión podría durar 24 horas. Como fuera, se descarta que la votación será favorable para el kirchnerismo.
El bloque que conduce Juliana Di Tullio defenderá a capa y espada los tres proyectos que reclamó el Ejecutivo para su gestión económica y que lograron dividir al gran empresariado de las pequeñas y medianas empresas.
El arco opositor, con distintos argumentos, volverá a poner el grito en el cielo por la nueva Ley de Abastecimiento, aunque no tiene número para imponer sus dictámenes alternativos.
La norma sancionada en 1974 habilita al Estado a intervenir en la formación de precios y en las cadenas de valor para evitar abusos de parte de empresas con posición dominante en el mercado. Los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo acotan las facultades de intervención del Estado y eliminan las penas de prisión, previstas en la redacción actual de la ley, escasamente aplicada.
La UCR, el Frente Renovador, el Pro, la Coalición Cívica y el peronismo disidente alertaron un «exceso» de intervencionismo estatal en el mercado que perjudicará a la economía, tal como lo advierten las grandes cámaras empresarias. En este sentido, loa radicales proponen directamente eliminar la ley de 1974.
Proyecto Sur, Unidad Popular y el Frente de Izquierda, en cambio, consideran que la actualización de ley no conseguirá los objetivos propuestos.
El único proyecto que cuenta con el apoyo mayoritario de la oposición es el que crea un fuero para atender exclusivamente las demandas de usuarios y consumidores. Con ciertos reparos, esta propuesta fue apoyada por las asociaciones civiles que expusieron en el Congreso.
El observatorio de precios también es resistido por el gran empresariado y el arco opositor, a excepción del bloque de Claudio Lozano que propuso modificaciones.
La Casa Rosada explicó que su objetivo es reglamentar el artículo 42 de la Constitución para hacer efectivos los derechos de usuarios y consumidores. Pero además, las leyes le permitirían reforzar su programa Precios Cuidados y atender las cadenas de formación de precios y los abusos de ciertas firmas.
El proyecto de ley de abastecimiento
El proyecto de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” actualiza las penas previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, con el objetivo de atender la cuestión de los precios, que incluye la inflación y ciertos abusos sobre los consumidores.
En este sentido, la propuesta habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.
Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería, o no entreguen facturas.
El Ejecutivo también podría dictar normas que rijan los procesos de comercialización, intermediación, distribución o producción, y disponer la continuidad de estas etapas dentro de los niveles o cuotas mínimas que establezca.
Las multas podrían llegar a los 10 millones de pesos, y también se podría dictar la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años, aunque para ello la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial, de acuerdo a un cambio que aceptó el Ejecutivo.
Durante el debate en comisión, el oficialismo también accedió a eliminar las clausuras definitivas y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas de esta nueva regulación, “siempre que no detecten posición dominante”.
Pero además, la autoridad de aplicación original -la Secretaría de Comercio- no figurará directamente en el texto legal, sino se ordenará al Poder Ejecutivo a que la designe.
Nuevo fuero destinado a los consumidores
La iniciativa crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.
Los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, a través de un formulario que será determinado en la reglamentación. Además, las empresas que no se presenten a esa conciliación quedarán sujetas a multas.
Si no se llega a un acuerdo, se podría accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo, primero, y la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente.
En esos dos ámbitos, las audiencias serán públicas y orales, y el auditor o juez resolverá el caso en ese mismo momento. La decisión del auditor podrá apelarse en la instancia siguiente. En la Cámara de Apelaciones, todo el proceso no podrá durar más de 60 días.
Observatorio de precios
Esta entidad se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.
El nuevo ente podrá requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; e informes a organismos públicos o privados.
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