LA PLATA.- El fuerte aumento en el impuesto inmobiliario urbano bonaerense fue aprobado por la Legislatura provincial a fines de 2010, pero como las partidas están empezando a llegar recién ahora a los contribuyentes y éstos comienzan a ver el real impacto en sus boletas, funcionarios del gobierno de Daniel Scioli se pusieron ayer de acuerdo para defenderlo.
El ministro de Economia, Alejandro Arlía, dijo que «es un impuesto progresivo, trata de gravar las casas con mayor valor». Por su parte, el director provincial de Política Tributaria, Agustín Lodola, recordó que 62 por ciento de los propietarios de la provincia, que son 3,1 millones de partidas, percibirá un incremento inferior a 50 pesos por año, equivalente a 4 pesos.
Explicó que otro 28 por ciento, igual a 1,4 millones de viviendas, recibirá incrementos de entre 50 y 200 pesos por año, y el 10% restante, 500.000 partidas de propiedades que valen en el mercado $ 1 millón, pagarán un adicional superior a $ 200 por mes. «Sólo las propiedades que valen en el mercado un millón de pesos pagarán un adicional superior a 200 pesos por mes; de este modo, solamente el 10 por ciento recibirá subas del orden del 274 por ciento», destacó.
En ese sentido, indicó que «la relación entre la emisión del impuesto y la masa salarial pasó de 1,5% en 2003 a 0,6% en 2010; por eso se decidió impulsar una suba en el impuesto inmobiliario». Dijo también que los topes a los aumentos «eran inequitativos y generaban distorsiones», por lo cual «este año, y con la reforma impositiva, se eliminaron para hacer el impuesto equitativo y progresivo».
«Situaciones extremas»
Por su parte, el titular de ARBA, Martín Di Bella, recordó que los cambios en el impuesto inmobiliario fueron introducidos en la ley impositiva 2011, votada con el consenso de distintos bloques políticos. Di Bella sostuvo que «muchas veces sólo se repara en ejemplos aislados que hacen hincapié en situaciones extremas y no reflejan la realidad de la mayor parte de los contribuyentes».
Detalló que «las modificaciones implementadas son realmente justificadas, apuntan a dotar de verdadera equidad y justicia el pago del impuesto». Consideró que «en la provincia se encuentran exentas de pagar el inmobiliario un millón de familias que viven en propiedades de baja valuación fiscal y también 300.000 jubilados».
Fuente: La Nación
