Será en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto, donde asistirán el ministro de Justicia y su vice. El oficialismo pretende alzarse con la media sanción para fines de noviembre. La oposición mira con cautela el proyecto.
Con la intención del oficialismo de imprimirle un trámite veloz, el Senado pondrá en marcha este martes la discusión por la reforma del Código Procesal Penal con la presencia de funcionarios.
Será en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto convocado para las 15 en el Salón Azul, donde asistirán el ministro de Justicia, Julio Alak, y su vice, el camporista Julián Álvarez.
El kirchnerismo pretende alzarse con la media sanción para fines de noviembre, antes de que concluya el período de sesiones ordinarias, el 30 de ese mes.
En este contexto, no se descarta que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para que la Cámara de Diputados complete el tratamiento del tema. Mientras tanto, la oposición analiza el proyecto con cautela.
El radical Mario Cimadevilla, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Penales y consejero de la Magistratura, advirtió este lunes que “el nuevo Código en manos de (Alejandra) Gils Carbó es como meter al caballo de Troya en el Palacio de Justicia”.
En este sentido también se había manifestado el titular del bloque de diputados, Mario Negri, al considerar que sin cambios en la Ley de Ministerio Público para garantizar la independencia de los fiscales, el nuevo Código será un “caramelo envenenado”.
Cimadevilla definió la iniciativa oficial como “una buena herramienta”, pero advirtió que “el problema está en quien lo va a aplicar” en referencia a la procuradora general de la Nación, cuyo pliego votó en contra junto a sus pares Laura Montero y Arturo Vera (MC).
“Desde un primer momento desconfié de la imparcialidad de la actual jefa de los fiscales. Es más, yo no acompañé con mi voto su pliego porque advertí que respondió con evasivas a las preguntas que le había formulado sobre causas sensibles para el poder”, aclaró.
Y agregó que “lamentablemente, su accionar en el cargo nos dio la razón ya que Gils Carbó ha tenido reiteradas actitudes de complicidad con el poder político”, al recordar el jury al fiscal José María Campagnoli por investigar al empresario Lázaro Báez, ligado a los Kirchner, en un proceso que finalmente quedó sin sentencia.
Ejes del proyecto
El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio –en reemplazo del sistema mixto actual- en el que se fortalece el poder del Ministerio Público.
Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces- y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.
El texto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.
Por otra parte, se le dará más participación de las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: son protegidas, pueden intervenir en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, por otra parte, se mantienen los criterios actuales para la prisión preventiva, que será ordenada teniendo en cuenta diferentes variables, como la reincidencia y la conmoción social que produzca el hecho.
Los extranjeros que estén en una situación irregular en nuestro país y sean sorprendidos cometiendo un delito “in fraganti” serán expulsados y no podrán volver por 15 años, pero siempre y cuando esto no vulnere la “reunificación familiar”.
El proyecto de nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.
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