La titular de la Comisión de Salud del Senado quiere que Luciano Di Césare haga su descargo sobre las denuncias que pesan sobre su gestión. El organismo fue allanado por orden del juez Bonadío.
La presidenta de la Comisión de Salud y Deporte del Senado, Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán), invitó al director de PAMI, Luciano Di Césare, a que haga su descargo en el Congreso sobre las últimas denuncias judiciales contra su gestión en la entidad.
“Es importante contar con información de primera mano. Por eso he decidido citar a Di Césare y que tenga la posibilidad de brindarnos su versión de los hechos”, explicó la radical.
Si bien aún no está pautada la fecha de su visita, espera una respuesta positiva del directivo.
Esta semana, el juez Claudio Bonadío ordenó un allanamiento en la sede de PAMI en búsqueda de documentación sobre causas judiciales que vinculan a la entidad con desvío de fondos hacia el Gobierno y obras hospitalarias inconclusas.
Elías de Pérez había presentado pedidos de informes a Di Césare para que informe al respecto, así como al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en sus visitas al Parlamento.
Las irregularidades
La decisión de Bonadio se dio tras una denuncia que realizó el fiscal federal Carlos Stornelli. Según informaron fuentes de la investigación, en el oficio de allanamiento el juez requirió la documentación relativa a la construcción de los Hospitales del Bicentenario en las localidades de La Matanza -Rafael Castillo y Laferrère-, en Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar y General Rodríguez, además de Entre Ríos.
Seis años después del anuncio que realizó la presidenta Cristina Kirchner, y pese a los gastos multimillonarios que ya se hicieron hasta el momento -más de 1300 millones de pesos-, aún no funciona ninguno de los centros de salud que el Estado financia a través del PAMI.
El magistrado solicitó en el oficio conocer el origen de los fondos destinados a las obras, con detalle de los aportes correspondientes a cada parte involucrada. Requirió, además, la normativa, decretos y resoluciones que hayan dispuesto la realización de las obras y la forma en que se pagaron. Y también solicitó los proyectos y plazos de ejecución, con indicación de fecha de inicio y finalización de las obras y empresas a cargo con todos sus datos.
Bonadio pidió incluso conocer el estado actual del Fondo de Garantías Prestacional, destinado a garantizar las prestaciones en caso de crisis y que en la era de Graciela Ocaña al mando del PAMI llegó a acumular cerca de $ 4500 millones. En parte, estos fondos, programa que discontinuó Di Cesare, se utilizaron para prestarle dinero fresco al gobierno nacional a cambio de Letras del Tesoro (LETE).
Según estimó una fuente que conoce en detalle las operaciones, «a junio de 2012 el PAMI ya habría prestado unos $ 2300 millones». El juez ahora quiere establecer las fechas en que se giraron los fondos y la identidad de las cuentas bancarias en las que fue depositado el dinero.
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