Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), declaró por primera vez en el juicio por la tragedia de Once y remarcó las fallas en el mantenimiento de los trenes que tenía a cargo TBA y la falta de control de los subsidios estatales.
Por Sergio Farella
Poco después del accidente que terminó con la vida de 51 personas, la AGN presentó un informe en el que dio cuenta de las irregularidades en el funcionamiento del servicio que concesionaba TBA y el manejo de subsidios, algo que a diario sufrían los usuarios.
Ahora, por primera vez en la causa, el auditor expuso las conclusiones de un demoledor informe que dejó mal parados no sólo al sector empresarial encabezado por los Cirigliano, sino a los agentes estatales que debían controlarlos. Fue el martes en una declaración que superó las 7 horas en el auditorio de Comodoro Py.
Irregularidad en el servicio, falta de mantenimiento, manejos poco claros de los subsidios estatales, falta de sanciones ante los incumplimientos de TBA y la inercia del Estado, entre otros, fueron los puntos destacados por Despouy.
«La empresa (TBA) no cumplía con las tareas de mantenimiento, que eran muy importantes y muy graves», sostuvo el presidente de la AGN y remarcó que había «una situación enorme de inseguridad que el tema de los frenos».
«Nuestros exámenes prueban que los frenos de las unidades o no funcionaban, o funcionaban muy mal, o el de emergencia no funcionaba», aseguró Despouy ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2.
A su entender, «hay una radiografía muy clara en los últimos informes sobre la situación alarmante con que se lleva adelante la prestación del servicio, y son informes ya realizados con anterioridad» al accidente del 22 de febrero de 2012.
Si bien resaltó que los documentos de la AGN eran presentados ante el Gobierno, explicó que desde que se anunciara la emergencia ferroviaria en 2002 «prácticamente no se aplicaban penalidades» a las concesionarias.
«El contrato de concesión prevé la necesidad de realizar tareas de mantenimiento y establecer un sistema de previsión preestablecido. Ahora, cuando viene la emergencia ferroviaria, prácticamente ahí se relativizan las obligaciones, graficó Despouy.
«Ni siquiera la CNRT aplicaba sanciones»
«Veíamos que prácticamente la penalidades no se aplicaban, ni siquiera la CNRT aplicaba sanciones», subrayó y aseguró que luego del accidente los auditores advirtieron que las penalidades que se habían fijado en 2007 «no se habían ejecutado».
Incluso, fue categórico cuando Jorge Sandro, uno de los abogados del exsecretario de Transporte imputado Juan Pablo Schiavi, le preguntó si la pasividad que él denunciaba era por la revisión de las sanciones que objetaba la concesionaria TBA.
«Probablemente usted lo puede interpretar así y yo no diría que está equivocado, porque en el fondo lo que nosotros vimos es que había un sistema en donde sistemáticamente terminaba en la no ejecución, y este es un problema muy grande del sistema en general argentino, las multas no se concretan, no se pagan, no se ejecutan, entonces, el sistema de recurrencia será un sistema legal establecido», remató.
Despouy se refirió a los subsidios y señaló que hubo un «incremento considerable con respecto a los ingresos por explotación que llegan aproximadamente al 75, 80 por ciento».
«Las máximas autoridades no custodiaron, no aplicaron las normas que tendrían que haber aplicado de acuerdo a la normativa existente», destacó, provocando la incomodidad de las defensas, aunque lo referente al destino que se le dio a los fondos estatales no se juzga en este juicio, sino en otra causa que está en poder del juez federal Sebastián Ramos.
El auditor indicó que existía «una enorme liberalidad en la entrega de los fondos» y las «sanciones no se hacían efectivas por parte de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Transporte».
«Había una asignación de fondos que no tenían una referencia muy clara en el sentido en cuanto a su determinación, a su monto, a su cumplimiento, a su regularidad, a su impacto, que son los principios básicos de cualquier manejo de los fondos públicos», agregó Despouy cuando ya habían superado las cinco horas y mientras las querellas y la fiscalía, a cargo de Fernando Arrigo, no dejaban de preguntar.
Con su relato, también dejó mal parados a los exagentes estatales juzgados, entre otros, los exsecretarios de transporte Ricardo Jaime y Schiavi, pues aseguró que «los más altos funcionarios del Estado estaban al corriente de la situación en que se prestaba el servicio y que los informes de la CNRT reflejaban con toda claridad».
El juicio comenzó el 18 de marzo pasado y según consultó NA a distintas partes podría finalizar durante los primeros meses del 2015. Hay 29 acusados, entre ellos, los exfuncionarios, empresarios que tenían a cargo la concesión encabezados por los hermanos Claudio Sergio y Mario Cirigliano, y el motorman que condujo la formación ese día, Marcos Córdoba (NA).
Fuente: http://periodicotribuna.com.ar/16055-tragedia-de-once-demoledor-testimonio-de-despouy.html#sthash.OGg3YBX3.dpuf
