«Estamos haciendo todo el esfuerzo para que al final de este año las señales de recuperación comiencen a reaparecer», afirmó la presidenta, tras los cacerolazos del domingo. Un ex director de Petrobras complicó al partido ratificando su denuncia frente al Congreso.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, admitió que la economía de su país transita una situación “difícil” pero aseguró que se están haciendo esfuerzos para su recuperación, tras los cacerolazos del domingo y al tiempo que un ex director de Petrobras complicó al Partido de los Trabajadores ratificando su denuncia contra dirigentes de ese espacio frente al Congreso.
«Estamos haciendo todo el esfuerzo para que al final de este año las señales de recuperación comiencen a reaparecer», afirmó la presidenta en un discurso durante la inauguración del Salón Internacional de la Construcción Civil en San Pablo.
Rousseff reiteró que los fundamentos de la economía brasileña son «sólidos» y aseguró que los problemas que atraviesa el país son «estrictamente coyunturales».
La economía brasileña se encuentra estancada con cuentas públicas con un importante déficit fiscal y un creciente desequilibrio en la balanza comercial, y la inflación escaló hasta el 7,7 %, su mayor nivel en diez años. Para enfrentar estos problemas, el gobierno lanzó una serie de medidas de austeridad, que incluyen el control de gastos, el aumento de impuestos y el encarecimiento del crédito.
Rousseff reiteró que los fundamentos de la economía brasileña son «sólidos» y aseguró que los problemas que atraviesa el país son «estrictamente coyunturales»
Estas medidas generaron descontento en una parte de la población, que el domingo pasado se manifestó con un cacerolazo simultáneo en ciudades como San Pablo, Rio de Janeiro, Brasilia y Porto Alegre, mientras la mandataria ofrecía un discurso en cadena nacional por el Día de la Mujer, preámbulo del anuncio sobre la sanción de la ley que tipifica el feminicidio como crimen con una pena de hasta 30 años de cárcel.
No obstante, la mandataria volvió hoy a defender la necesidad de estas «correcciones», que, según dijo, fomentarán la recuperación, la creación de empleo y sentarán las bases para crear un modelo económico «más competitivo».
La presidenta también negó que los ajustes vayan a afectar a los programas sociales y de infraestructura «más importantes» del gobierno y reiteró su compromiso para impulsar una nueva fase del programa estatal de construcción de viviendas populares, dedicado a los más pobres, llamado «Minha Casa, Minha Vida».
Según la prensa, Rousseff fue también hoy blanco de abucheos a su llegada al evento en San Pablo, por parte de un grupo de personas que trabajan en la feria dentro del Centro de Convenciones de Anhembí.
Sobre las protestas, que parecieran ser la antesala de lo que será la marcha convocada por la oposición para el próximo domingo 15, el gobierno afirmó que cualquier ciudadano puede ejercer el derecho a la protesta pero dentro de los límites democráticos, en alusión a algunos sectores que piden la destitución de la mandataria.
«Con su ineptitud para tratar el momento delicado, Dilma (Rousseff) está consiguiendo transformar lo que era una dificultad económica en una crisis política», opinó en un texto el Instituto Teotonio Vilela, órgano de formación política del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Tras la inauguración, la mandataria tenía prevista una reunión con su antecesor y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, para analizar el rumbo económico y político, conmocionado además por el revuelo que generó el fin de semana la difusión de los nombres de dirigentes políticos sobre los que el Tribunal Supremo Federal (TSF) comenzará a investigar por el caso de corrupción en Petrobras.
En ese marco, hoy un ex gerente de Petrobras involucró aún más al gobernante PT en las denuncias que se investigan en la estatal al ratificar su declaración en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI).
Pedro Barusco, ex gerente del departamento de Servicios de la empresa y detenido por su implicación en el caso, declaró más de cuatro horas ante el Congreso, que a última hora decidió que la sesión fuera pública, y afirmó que el tesorero del PT, João Vaccari Neto, negociaba la comisión que el partido recibía por contratos amañados en Petrobras.
«Había una reserva de comisión para el PT» en cada uno de los contratos que Petrobras firmaba con otras empresas, que formaban una especie de cártel que se repartía las obras, afirmó Barusco, quien dijo que, según sus cálculos, el partido gobernante recibió entre «150 y 200 millones de dólares» de la red de corrupción.
Barusco, quien ingresó a Petrobras en 1995, explicó que comenzó a recibir comisiones por sus maniobras para otorgar contratos en 1997, cuando el país era gobernado por Fernando Henrique Cardoso, del PSDB.
Sin embargo, dijo que en esa época se trataba de «iniciativas personales» que tomó con otros directores de la empresa y sostuvo que la corrupción fue «más amplia y en forma más institucionalizada» desde «2003 o 2004», cuando ya estaba en el poder el presidente Lula da Silva, del PT.
Barusco explicó que sus cálculos sobre la suma que puede haber recibido el tesorero del PT se apoyan en las comisiones que él mismo obtuvo, que fueron cercanas a los 100 millones de dólares que se comprometió a devolver a las arcas públicas.
Vaccari, quien en febrero fue detenido por unas horas por la Policía en el marco del proceso, figura entre los 49 políticos que el TSF decidió someter a investigación por su presunta participación en las irregularidades. En esa lista están los actuales presidentes de las dos cámaras legislativas, otros 32 parlamentarios y 12 ex diputados, entre ellos cuatro ex ministros de Rousseff.
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