El Gobierno admitió que el canal de información confidencial con Estados Unidos sobre operaciones financieras se encuentra interrumpido desde mediados de 2009, cuando Washington suspendió el intercambio ante la sospecha de que los datos que enviaba a Buenos Aires eran usados por la Casa Rosada para fines políticos.
«Hay un problema con el intercambio de información», reconoció el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) local, José Sbattella, quien sin embargo buscó desligar al Gobierno del contrapunto. Afirmó que la «filtración», como la calificó, pudo haber ocurrido dentro del Poder Judicial o entre los fiscales que manejaron el caso que disparó el entredicho, centrado en el empresario y dirigente opositor Francisco de Narváez, que ayer cargó contra la Casa Rosada.
«El kirchnerismo persigue políticamente a sus adversarios y para hacerlo usa la estructura del Estado y fondos públicos; me persiguen por mis ideas», planteó el diputado del PJ Federal, que durante la campaña electoral de 2009 intercambió acusaciones y denuncias penales con funcionarios, en particular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Sbattella destacó, no obstante, que el Gobierno se encuentra «trabajando» para restablecer el intercambio de datos sobre operaciones sospechosas de lavado de activos correspondientes a personas y empresas privadas. Ese intercambio está suspendido desde entonces, según informó LA NACION ayer sobre la base de testimonios de cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas.
El cortocircuito con la unidad antilavado que depende del Departamento del Tesoro, llamada Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), se desencadenó poco después de que la información confidencial que le había solicitado la UIF se publicara en el diario Página 12 , afín a la Casa Rosada. El artículo, titulado «Los negocios del patán», apareció el domingo posterior a las elecciones de junio del año pasado, con detalles sobre los supuestos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los bancos JP Morgan, Chase y Citibank habrían enviado a la Fincen sobre De Narváez.
La Fincen ordenó entonces el inmediato corte del canal de comunicación. Para eso, dio por terminado el «Memorando de entendimiento» con la UIF local. Desde entonces, el flujo de información se encuentra interrumpido, a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades argentinas, que explicitó en reuniones en Washington y Buenos Aires.
Sbattella detalló que ese cortocircuito se originó a partir del incumplimiento de la regla de confidencialidad que impone el llamado Grupo Egmont -foro que regula este tipo de intercambio entre las unidades antilavado alrededor del mundo-. Exige, además, que «no se usen los datos en términos políticos si ellos no autorizan», según reconoció el titular de la UIF.
El funcionario afirmó, sin embargo, que ignoraba cómo ocurrió la «filtración», como la definió, que adjudicó a la gestión anterior al frente de la UIF, encabezada por la contadora Rosa Falduto -quien continúa dentro de la órbita del Gobierno-, o incluso a funcionarios del Poder Judicial o el Ministerio Público que manejaron luego esa información sensible.
Esa «filtración», remarcó Sbattella, «puede pasar en cualquier tramo del proceso. No puedo cargar las culpas a los componentes del sistema, pero una vez que pasa a la Justicia, al Ministerio Público, se pierde el control del expediente», argumentó, en alusión al legajo con información confidencial solicitado a la Fincen y que la UIF complementó en un legajo, también secreto, con su propios datos.
La salida apresurada de Falduto a principios de este año y su reemplazo por Sbattella no lograron mejorar la relación con las autoridades de la Fincen, aun cuando se concretaron reuniones en Washington y en Buenos Aires en las que funcionarios de los dos países evaluaron esa posibilidad.
«Una victimización»
«¿Quién manda en el sistema antilavado argentino? ¿Usted?», llegaron a sondear los funcionarios estadounidenses ante Sbattella, quien detalló las nuevas medidas de seguridad que instrumentó en las oficinas de la UIF y ofreció obligar a jueces y fiscales que firmen un «compromiso de confidencialidad» cuando reciban este tipo de información en el futuro.
La Fincen optó, sin embargo, por mantener en suspenso la colaboración. De manera formal, argumentó que deseaba conocer la evaluación que el GAFI difundió ayer, mientras negociaba la firma de un nuevo «memorando de entendimiento». Pero por canales extraoficiales dejaron trascender su malestar y sus temores acerca de las «motivaciones políticas» que vislumbran dentro de la UIF, según reconstruyó LA NACION de fuentes de ese país.
La ruptura de ese canal de comunicación vedó a las autoridades locales de obtener información privilegiada para avanzar en sus investigaciones sobre lavado de activos o financiación del terrorismo. Entre otras, sobre eventuales operaciones sospechosas en la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay.
La decisión unilateral de la Fincen llevó a una situación peculiar: la UIF sigue enviando reportes sobre posibles operaciones sospechosas a su contraparte de Washington, cuya reciprocidad se mide «con cuentagotas», según relató a LA NACION un funcionario argentino al tanto de lo que ocurre dentro de la unidad. «Lo de De Narváez fue un error que nos «excomulgó»», admitió.
El equipo que rodea a Sbattella dentro de la UIF considera injusto, sin embargo, que el flujo continúe interrumpido, según indicaron ayer dos de sus allegados a LA NACION. Tanto porque responsabilizan a la gestión de Falduto o a terceros ajenos a la unidad de esa «filtración» como porque la difusión pública del contrapunto con Estados Unidos «victimiza» a De Narváez y, apuntan, «politiza» todavía más la labor del organismo antilavado.
LA OPOSICION QUIERE APURAR LAS REFORMAS
Por impulso del diputado nacional Gustavo Ferrari, mano derecha de Francisco de Narváez, la oposición en la Cámara de Diputados intentará apurar el tratamiento de los proyectos tendientes a reformar la Unidad de Información Financiera (UIF). Autor de una de las tres iniciativas para reformar el organismo, Ferrari conversó con el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), para incluir el tema en la próxima reunión de la comisión. En tanto, el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), presidente de la Comisión de Legislación Penal, piensa crear una subcomisión especial para debatirlo.
Fuente: lanacion
