La Sala Constitucional del TSJ determinó que cualquier enmienda a la Carta Magna «no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata», pues ello «constituiría un quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía (…) ya que se estaría desconociendo la voluntad del pueblo», señala un boletín de la corte.
Por Urgente24
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cerró la posibilidad de que el Parlamento de mayoría opositora recorte el mandato del presidente Nicolás Maduro, como se lo había planteado a través de una enmienda constitucional, según una sentencia publicada este lunes.
La Sala Constitucional del TSJ determinó que cualquier enmienda a la Carta Magna «no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata», pues ello «constituiría un quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía (…) ya que se estaría desconociendo la voluntad del pueblo», señala un boletín de la corte.
El máximo tribunal dictó la sentencia después de que la bancada opositora en la Asamblea Nacional aprobara en primer debate una enmienda que plantea reducir de seis a cuatro años el período de Maduro, que el pasado 19 de abril cumplió la mitad del mandato en medio de una aguda crisis económica.
El fallo advierte que «tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular, como el del Presidente de la República, constituye un fraude a la Constitución».
En su primera reacción a la sentencia, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, negó en su cuenta de Twitter que la enmienda contradiga la Carta Magna y criticó que el TSJ se pronunciara antes de que se aprobara el texto definitivo en segunda discusión.
«Fraude constitucional son ustedes. Ya verán», advirtió, refiriéndose a los magistrados de la Sala Constitucional, a quienes llamó «malhechores».
La enmienda -un instrumento que debe ser refrendado por voto popular- planteaba además eliminar la reelección indefinida y consagrarla de forma inmediata por una sola vez.
La decisión profundiza el choque de poderes que sacude a Venezuela desde el pasado 5 de enero, cuando la coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió el control del Parlamento con una amplia mayoría, tras 17 años de hegemonía chavista.
Leyes prioritarias para el bloque opositor como una amnistía para disidentes presos o una reforma al Banco Central han sido declaradas inconstitucionales por la máxima corte del país.
De igual forma, el TSJ dejó en firme un decreto de emergencia económica emitido por Maduro en enero pasado, que el bloque opositor rechazó convalidar, y recortó las facultades de control legislativo sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
Por ello, la MUD acusa al TSJ de ser el «bufete jurídico» del gobierno.
A principios de abril, el mandatario socialista (2013-2019) aseguró que evaluará una propuesta de acortar el período del actual Parlamento si insiste en aprobar la enmienda, que considera como un «golpe» contra su gobierno.
En la lucha por propiciar la salida de Maduro, la oposición también aprobó un proyecto de ley que acorta los plazos para un referendo revocatorio.
La norma, que debe ser sancionada por el gobernante para convertirse en ley, fija un plazo de tres meses y medio para gestionar y realizar referendos, incluido el revocatorio de cargos de elección popular.
Sin embargo, el Poder Electoral se ha negado a activar el mecanismo alegando que los peticionarios de la consulta no han cumplido con los requisitos.
Por ello, la oposición llamó a sus simpatizantes a protestar este miércoles frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El excandidato presidencial, Henrique Capriles, afirmó este lunes que la sentencia del TSJ contra la enmienda demuestra que el revocatorio es la alternativa más viable para lograr la salida de Maduro.
«El revocatorio no está sujeto a ninguna interpretación. (…) El problema hoy no es reformar la Constitución sino hacer que se aplique», declaró en un programa radial.
La MUD exige que el Poder Electoral entregue unas planillas para recaudar 200.000 firmas necesarias para activar el mecanismo.
Anticipándose a una nueva negativa del organismo electoral, Ramos sostuvo en la red social Twitter que el «CNE dice q no aceptará chantajes ni presiones». Sin embargo, cuestionó: «Chantajes y presiones del CNE y d combo malandro (delincuente) pro gobierno es lo q ha padecido Venezuela».
Para convocar el revocatorio se requieren además unos cuatro millones de rúbricas, y para revocar a Maduro cerca de 7,5 millones de votos.
Presos políticos
El ministro español de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, defendió la liberación de presos políticos en Venezuela como condición para que se produzca un diálogo nacional en ese país y añadió que si eso ocurriera, el embajador español en Caracas volvería hoy mismo.
García-Margallo hizo estas declaraciones a los periodistas tras su participación en el acto de inauguración del Foro de la Alianza de Civilizaciones que se celebra en Bakú, la capital de Azerbaiyán.
“Lo importante en Venezuela es que se produzca un diálogo entre la Asamblea y el Gobierno, que las dos partes respeten las competencias el uno del otro”, afirmó el ministro.
Para que esa reconciliación o diálogo nacional sea posible, continuó el jefe de la diplomacia española, “es precondición la liberación de todos los presos políticos en Venezuela”.
“No es imaginable un diálogo sincero que pueda conducir a esa reconciliación por la que abogamos sin que los presos estén fuera”, agregó el titular de Exteriores.
Aseguró que España no pide a Venezuela nada que no haya hecho este país ya que, recordó, la Transición española y la Constitución vino precedida por dos amnistías: una en 1976 para delitos que no fuesen de sangre y otra después de la Carta Magna que incluyo todos los delitos cometidos hasta entonces.
García-Margallo se refirió a la proposición no de ley del PP que se debatirá mañana, miércoles, en el Congreso de los Diputados que pide la “inmediata” liberación de los presos políticos venezolanos y que obligará a todos los partidos a fijar una posición sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y la situación de la oposición.
“España hace muy bien, el Parlamento hace muy bien en pedir la liberación de los presos que es la condición necesaria para que se produzca ese diálogo que culmine en la reconciliación y el respeto al Estado de derecho”, añadió el ministro.
Sobre el embajador español en Caracas, Antonio Pérez Hernández, que está llamado a consultas, y preguntado cuándo se prevé su vuelta al país latinoamericano, García-Margallo dijo: “Vamos a ver cómo van las cosas. Para ser muy claros: Si se produjese una liberación de los presos, el embajador de España cogería el avión esta misma tarde”.
España elevó el pasado 8 de abril su protesta ante Venezuela tras los “intolerables insultos” de Nicolás Maduro al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al llamar a consultas a su embajador en Caracas, que supone su retirada temporal del país caribeño.
Es la segunda vez en esta legislatura que el Gobierno de Mariano Rajoy retira a su embajador en Venezuela.
Maduro llamó a Rajoy “racista, basura corrupta y basura colonialista”, y le volvió a instar a que respete al país latinoamericano.
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