Puigdemont no descarta llamar a elecciones anticipadas. Pero se esfuman las esperanzas de una salida negociada a la crisis.
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Por Télam y AFP
A tres días de que el Senado español apruebe la intervención del autogobierno de Cataluña para atajar una posible secesión, Madrid y Barcelona mantenían un tire y afloje ante una posible comparecencia del presidente regional catalán en la Cámara Alta.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, comenzó a coquetear ayer con la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas, una opción rechazada por aliados que desató un debate en Madrid.
A pedido del gobierno conservador de Mariano Rajoy, el Senado debe dar luz verde el viernes a unas medidas sin precedentes en 40 años de democracia, decididas al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Una de ellas es la destitución en bloque del ejecutivo regional, dirigido por el independentista Puigdemont.
También se ha solicitado poner bajo tutela la actividad del Parlamento catalán, dominado por los secesionistas, y la toma de control de la policía catalana y los medios públicos de comunicación.
Antes de la aplicación de estas inauditas medidas, el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, dijo ayer que Puigdemont quiere expresarse en el Senado, aunque no garantizó que vaya a hacerlo.
“La voluntad es ir a poderse explicar, contestar esta acción del Estado español pero (…) no les puedo asegurar si materialmente va a ser posible o no”, dijo Turull.
El Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría, ha ofrecido a Puigdemont hablar o bien mañana ante una comisión o bien el viernes ante el pleno de la cámara, en Madrid. En ambos casos, le daría la réplica un miembro del gobierno.
En el pleno, concretamente, “es muy posible que venga el presidente del gobierno”, apuntó el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.
El problema es que el horario programado coincide con un pleno en el Parlamento catalán, en Barcelona, al que también tiene que asistir el presidente regional.
Dicho pleno, convocado por la presidenta del Parlamento mañana a partir de las 10 (5 argentina), tiene como objetivo responder a la aplicación del artículo 155. Los independentistas no han dejado de amenazar con dar cumplimiento al “mandato” emanado del referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre.
La consulta no tuvo garantías -entre otras cosas no se aseguró el voto secreto ni hubo autoridad electoral independiente- pero el gobierno regional asegura que hubo un 90% de síes a la secesión, con una participación del 43%.
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Más allá de ese posible debate en la cámara alta, las dos partes se mantienen firmes.
Turull anunció este martes una salva de recursos, empezando por uno ante el Tribunal Constitucional, alegando que el gobierno central se sobrepasa con las medidas que va a someter al Senado.
Igualmente, el gobierno catalán solicitará al Tribunal Supremo la suspensión cautelar y por la vía urgente de la aplicación del artículo 155.
Por su lado, el gobierno español hizo saber que ya no es suficiente con la vía de salida que le ofreció la semana pasada a Puigdemont: convocar elecciones regionales anticipadas para evitar la suspensión del autogobierno catalán.
“En este momento el incumplimiento de las obligaciones del señor Puigdemont no se soluciona simplemente convocando elecciones”, advirtió el ministro de Justicia Rafael Catalá a la radio pública RNE.
Del lado secesionista, Puigdemont se enfrenta a la presión de los más recalcitrantes, que le piden que cumpla “el mandato” del 1 de octubre y ponga sobre la mesa una declaración unilateral de independencia.
El CaixaBank reconoció que se fue de Barcelona
CaixaBank, el tercer banco más importante de España, reconoció ayer que sacó su sede social de Cataluña ante la retirada de depósitos de clientes nerviosos por la incertidumbre política en la región, cuyas autoridades amenazan con declarar la independencia.
La entidad, primer banco en la región catalana, admitió esta medida luego de anunciar un buen desempeño en el tercer trimestre de 2017, en que duplicó su beneficio neto, hasta los 649 millones de euros.
Cinco días después del referéndum de autodeterminación inconstitucional del 1 de octubre en Cataluña, CaixaBank tomó la decisión en respuesta “a una situación técnica de intranquilidad de nuestra clientela”, indicó en conferencia de prensa su consejero delegado, Gonzalo Gortázar.
“A partir del 1 de octubre, pudimos detectar en nuestra clientela intranquilidad, nervios”, dijo Gortázar, quien no obstante dijo que el impacto de los retiros fue “moderado”, sin especificar su monto.
CaixaBank fue una de las primeras grandes empresas que anunciaron el traslado de su sede social fuera de Cataluña, en previsión de una posible declaración unilateral de independencia de las autoridades de la región, que representa un 19% del PIB español.
AFP
