Un chico de 7 años quedó internado en un centro asistencial de Capital Federal para ser tratado por un cáncer que contrajo luego de manipular agroquímicos, en una granja avícola en la que trabaja y que fue denunciada por “trabajo esclavo”.
Se trata de Pablo Sernani, que habría sido traído junto a su familia desde Misiones en 2008, seducidos por la promesa de casa y comida digna, aunque al llegar a la localidad bonaerense de Campana, donde está la granja, se encontró con otra realidad.
Así lo denunciaron la Asociación Civil La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), ante la Justicia y frente al Centro Gallegos, ubicado en Balvanera, donde Pablo quedó internado en Terapia Intensiva.
La denuncia penal fue efectuada ante el fiscal de Campana, Orlando Bosco, contra las dueñas de la empresa avícola Nuestra Huella, Alejandra López Camelo, Leticia Esther García de Luaces y Luz Luaces.
Así, esta denuncia se sumó a la causa que investiga a las tres empresarias en el Juzgado Federal 2 de ese mismo partido, a cargo del magistrado Adrián González Chavay, a raíz de otros casos de reducción a la servidumbre, delito también conocido como «trabajo esclavo».
La Alameda y el MTE precisaron que el chico de 7 años trabajaba en la granja en la remoción del guano de gallinas y manipulaba un agroquímico provisto por la empresa avícola, que distribuye huevos en cadenas de hipermercados.
La Asociación y el Movimiento destacaron que Nuestra Huella es una de las principales empresas avícolas del país, con una facturación anual que supera los 400 millones de pesos provenientes de los cuatro galpones con 20.000 gallinas cada uno.
El titular de La Alameda, Gustavo Vera, contó que el Pablo trabajaba en la granja conocida como «La Fernández» y subrayó que el menor de edad «fue traído desde Misiones con toda su familia para trabajar, a principios de 2008».
«Trabajan allí el padre, la madre embarazada y dos hermanitos del niño», dijo Vera, y afirmó que «las empresas suelen hacer eso, les prometen casa y comida a cambio de dinero y cuando vienen acá se dan cuenta de que para eso tiene que trabajar toda la familia». Vera sostuvo que «cada granja está a cargo de una familia y la empresa, así, se ahorra sueldos».
«En septiembre de 2008 el ministerio de Trabajo bonaerense multó por 1 millón de pesos a esta empresa por trabajo infantil», recordó Vera, y dijo que «ese año difundimos un video donde se ve a la familia del niño. Ellos siguen allí, pero en la granja La Mimosa, donde los trasladaron después del video».
El Código Penal, en tanto, prevé prisión de 4 a 10 años para los autores del delito de reducción a la servidumbre.
Fuente: Misiones Online
