Con la presencia de representantes de Facebook y Twitter, como así también especialistas de diversos ámbitos, un plenario escuchó detalles de ese problema creciente, en busca de avanzar con un proyecto para atender esa problemática.
Representantes de las redes sociales Facebook y Twitter visitaron este martes el Senado, para tomar parte de un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, en el marco del tratamiento de proyectos que buscan penalizar la usurpación de identidad en redes sociales.
A la reunión llevada cabo en el Salón Illia asistieron Juan de Dios Batiz García, director de políticas públicas para Latinoamérica de Facebook; y Hugo Rodríguez Nicolat, responsable de política pública de Twitter Latinoamérica.
Abrió la ronda de expositores Juan de Dios Batiz García, quien destacó que “lo más importante” para esta red social es “proteger la información de las personas”. En este sentido, dijo que la política de identidad real “exige que la gente que usa la plataforma se identifique con el nombre con el que son conocidos en sus comunidades”.
“Facebook prohíbe representar una identidad engañosa mediante acciones como usar un nombre diferente; está prohibido suplantar a otras personas”, afirmó, al tiempo que dijo que también cuentan con políticas referidas a las figuras públicas, prohibiendo “la existencia de perfiles impostores”.
Batiz García enfatizó que “las cuentas falsas están prohibidas” y sostuvo que la empresa “invierte en la prevención, identificación y eliminación de cuentas falsas”. Sobre este punto, precisó que en el último año “se ha duplicado el tamaño de sus equipos dedicados al área de seguridad” llegando a las 20 mil personas.
“En el primer trimestre de 2018 identificamos y eliminamos más del 98 por ciento de las cuentas falsas, incluso antes de que éstas fueran reportadas por la comunidad”, agregó y finalmente aseguró que “Facebook es respetuoso de las leyes locales y coopera con las autoridades”.
A su turno, expuso Hugo Rodríguez Nicolat, responsable de Política Pública de Twitter Latinoamérica, quien al cabo fue interrogado por el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, quien se interesó por saber si ante el perjuicio de las personas esa red social asumía algún tipo de responsabilidad, ante lo cual su interlocutor aclaró que “la responsabilidad principal es con la salud de la conversación”. El representante de Twitter explicó que la función de esa red es “dar herramientas claras y entendibles para reportar” cuando se advierte cualquier irregularidad, y a su vez, ser “diligentes” para actuar “cuando recibimos un reporte”.
Luenzo insistió sobre la responsabilidad que de Twitter, a lo que Rodríguez Nicolat señaló que todos deben entender “esta responsabilidad que tenemos” y expresó que ellos trabajan en la “eliminación permanente de las cuentas” que son reportadas, las cuales “no pueden regresar a la plataforma”. Luenzo insistió en que los medios de comunicación tienen un editor responsable de las cosas que se publican, ante lo cual consultó por qué no podían tenerlos las redes sociales. El representante de Twitter habló entonces de la necesidad de apuntalar la libertad de expresión on line, y aclaró que “estas plataformas no publicamos la información, damos el espacio. Coincidimos en el hecho de que hay cosas que no son deseables. El objetivo es que todos conozcan las reglas y tengan conciencia de las repercusiones de sus acciones para no reincidir. Los usuarios son responsables de lo que producen y las plataformas de tener mecanismos para que se ejecuten las reglas”.
Por último, detalló que “la gran mayoría de los reportes de violaciones a las reglas provienen de un uno por ciento de la plataforma, que ojalá se reduzca a una cantidad ínfima”.
A continuación fue el turno de Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Información Pública, quien se refirió puntualmente al caso de usurpación de identidad, destacando que en la legislación vigente, particularmente en la ley de protección de datos, existe la posibilidad de ejercer tanto el derecho de acceso a los datos personales, como la supresión de datos. Esto es, la ley permite suprimir algún dato personal que sea inexacto, explicó. ¿Qué pasa después? “El procedimiento que se establece en la ley vigente puede terminar con una sanción al responsable de la base de datos que no haya hecho lugar al ejercicio del derecho del demandante”, explicó Bertoni, precisando que la sanción es de 100 mil pesos, según la norma vigente.
Luego dio cifras, como la cantidad de denuncias por documentos cuestionados: 4.282. La base de datos de documentos cuestionados no llega a las 100 mil. Contó que las denuncias por violación a la ley de datos personales durante el presente año no llegan a las 150, y las denuncias por intentar ejercer el derecho a la supresión, no llegan a las 60. “Por perfiles falsos en una plataforma hay una sola”, concluyó, ante lo cual consideró que “la herramienta de protección de datos personales existe, y no se está usando en su totalidad”.
Enrique del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, contó a su turno que hay 100 casos por día de casos de pornografía infantil o intentos de acceder a menores a través del robo de imágenes. En los 70 mil casos investigados se encuentran con perfiles falsos, precisó el funcionario, detallando que el delito del robo de identidad es una herramienta bastante útil para investigar y también para prevenir, detectando a “aquellas personas que están cazando en las redes a nuestros niños. Muchas veces no podemos hacer nada hasta que nuestros niños son cazados”, contó con crudeza. Señaló que la idea de una identidad digital que debe ser protegida “es constitutiva de nuestro ser”.
Daniel Monastersky, abogado especialista en delitos informáticos, arrancó su exposición con un reproche, al contar que hace diez años había sido el primero en presentar un proyecto sobre el robo de identidad en internet, el cual nunca fue tratado en comisión, siquiera. Y si bien valoró el tratamiento que se le da al tema ahora, señaló que “hubiera sido mejor que hace 10 años” se hubiera atendido la necesidad de avanzar en ese sentido.
Hernán Gonçalvez Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral, dijo que el año pasado establecieron que el 30% en América Latina se forma su opinión política a través de las redes sociales, lo cual plantea nuevos desafíos.
El funcionario explicó que hace diez años la Cámara Nacional Electoral viene advirtiendo la nueva situación que plantean las redes sociales a través de auditorías, y contó que de esa experiencia de hace cuatro elecciones sacaron conclusiones tales como que el crecimiento del uso de estas plataformas para hacer campañas electorales ha sido “exponencial”. En ese sentido precisó que en 2011, la publicidad derivada a las redes sociales no llegaba al 5%, mientras que en los comicios del año pasado superó el 30%, “siendo el rubro de las declaraciones de los partidos más importante en comunicación informal”.
Gonçalvez Figueiredo habló también de otros fenómenos que tienen que ver con las campañas microsegmentadas, a través del uso del big data.
Por último, expuso Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien detalló que están detectando en los últimos años el uso de identidades de personas jurídicas reales, bancos, empresas de tarjetas de crédito, principales empresas de servicios en línea, para “la utilización de esta identidad para captar nombre de usuario, contraseña, datos de tarjetas de crédito, maniobras que se conocen en la temática nuestra como ‘fishing’, o directamente para cometer fraude en contra de las personas que reciben las comunicaciones. Generalmente se utilizan correos electrónicos, cuentas de redes sociales, o sitios web.
A propósito, detalló que “esta mañana emitimos un alerta por un incremento de casos que se están recibiendo en la Argentina de falsas ofertas de trabajo. Empresas multinacionales del extranjero que contactan a ciudadanos argentinos que por lo general han ingresado búsquedas de trabajo a empresas dedicadas a esto y les prometen una oferta de trabajo excelente a cambio de entregar determinada información, o directamente pidiéndoles la entrega de dinero a cambio de datos administrativos”.
“Esta es una modalidad bastante conocida, que se llama fraude por reclutamiento, en argentina está creciendo por campañas. En las últimas dos semanas hemos detectado entre 30 y 50 consultas sobre esto específicamente. Esto es también usurpación de identidad”, puntualizó.
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