La decisión de la Corte Suprema de hoy modifica lo ocurrido con el caso Muiña, y hace inaplicable el 2×1 para los represores.
La votación resultó, tal como estaba anticipada, 4 a 1: Ricardo Lorenzetti y Horacio Maqueda mantuvieron su anterior postura a la que se sumó Rosatti, que ahora votó en contra de la aplicación del beneficio. A ellos se sumó el voto de Elena Highton, y el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, mantuvo su postura original, por lo que fue el único que votó en disidencia. El magistrado considera inconstitucional la ley votada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Por Urgente 24
La Corte Suprema de Justicia volvió a expedirse sobre el polémico 2×1 que beneficiaba a los represores de la última dictadura militar.
Y tal como se esperaba, fue revocado el fallo inicial luego de la ley promulgada en el Congreso Nacional que canceló ese beneficio para los represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
La definición se conoció cerca del mediodía y reemplazó al fallo de 2017, el cual llevó una multitud a las calles en repudio por el beneficio para Luis Muiña.
Los magistrados se expidieron en base a la ley 27.362, aprobada por el Congreso a mediados de 2017, tras la controvertida resolución judicial.
Con esa medida, los diputados y senadores nacionales legislaron de forma explícita que este beneficio no puede ser implementado a favor de los condenados por delitos de lesa humanidad.
El caso que se tomó como precedente fue el de Rufino Batalla, condenado a 12 años de prisión por su participación en el centro clandestino La Cacha, quien luego de la resolución que benefició a Luis Muiña el 3 de mayo de 2017 también reclamó que se le computara el 2×1 para salir de prisión.
La expectativa estaba puesta en el voto del juez Horacio Rosatti, quien el año pasado votó a favor de concederle este beneficio a represores, pero en esta oportunidad cambió su postura para adecuarse a la ley.
Cabe recordar que el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y la vice, Elena Highton, habían avalado el criterio del 2×1 en el caso Muiña.
En aquel fallo, por 3 votos contra 2, el tribunal entendió que el 2×1 (régimen que computa doble cada día de prisión preventiva) era aplicable también a los represores porque en ningún momento la ley hacía una excepción que dejara fuera del recálculo a los delitos de lesa humanidad.
La Corte interpretó entonces que el principio que dispone que debe aplicarse la «ley penal más benigna» en favor de todo acusado regía incluso en ese caso, a pesar de que cuando se sancionó la ley del 2×1 (vigente sólo desde 1994 hasta 2001) los delitos de los aplicable a represores que estaba acusado Muiña estaban amnistiados.
Aquel fallo de la Corte provocó una movilización multitudinaria a la Plaza de Mayo y críticas muy duras a sus autores, los jueces Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
La decisión de hoy que modifica la situación y hace inaplicable el 2×1 para los represores no se dio por unanimidad: la nueva mayoría la formaron Ricardo Lorenzetti y Horacio Maqueda (que en Muiña habían quedado en minoría) junto con Rosatti, que ahora votó en contra de la aplicación del beneficio para los represores, y a quien se sumó Elena Highton.
Rosatti basó su nueva postura en la ley del Congreso que, días después del fallo Muiña, casi por unanimidad, precisó los alcances de la ley del 2×1 y sostuvo que «no es aplicable» a «delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra». Rosatti sostuvo que la nueva ley es «interpretativa» de la anterior, y por tanto constitucionalmente válida.
Sin embargo, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, mantuvo en su postura original en soledad, puesto que para él, no puede aplicarse la nueva ley, por más interpretativa que diga ser, con efectos retroactivos. Rosenkrantz entiende que está en juego una garantía central del debido proceso: la que dice que las leyes penales solo pueden aplicarse «para atrás» si favorecen al acusado. Nunca si lo perjudican, como lo estaría haciendo la nueva ley que precisa los alcances del 2×1 y excluye del beneficio a los represores. Para Rosenkrantz, no hay otra lectura posible. La ley no es válida, aunque se presente como una «interpretación» de la anterior y no como un cambio en las reglas.
Entre los crímenes del caso Batalla está el de Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Según manifestó la propia Carlotto, antes del fallo que la Corte Suprema anunció hoy, esperaba que «el 2×1 quede definitivamente sepultado». «Estamos expectantes y con confianza» de que «los tres miembros de la Corte que no fueron a ese almuerzo con el Presidente» se expresen en contra del beneficio del 2×1. Su alusión fue a los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, quienes no participaron de una reunión en Casa de Gobierno, donde Mauricio Macri se encontró con los otros dos miembros de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.
«Espero que (el 2×1) no prospere porque sería un escándalo», puntualizó Estela de Carlotto, quien advirtió antes del fallo que en caso de que esto volviera a ocurrir «la reacción va a ser otra vez la misma: un rechazo total».
Además, según publicó ‘Página/12’, se refirió a Batalla como un «criminal que no se arrepiente ni confiesa», y lo comparó con los otros «que en los tribunales dicen que volverían a hacer lo que hicieron». En ese sentido, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo indicó que desde organismo de derechos humanos «esperamos que esto quede definitivamente sepultado».
