El gobierno nacional amplió la denuncia por el supuesto envío de material represivo para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia y ahora apunta contra Marcos Peña, el ex jefe de gabinete de Mauricio Macri.
Los ministros Martín Soria y Sabina Frederic, junto a la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, presentaron este jueves un escrito en el que sostienen que «los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando».
Además, los funcionarios sostuvieron que, a las iniciales imputaciones en la causa, «se agregan tres funcionarios cuya situación se agrava a partir de la nueva información aquí aportada: el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña; el excanciller Jorge Faurie; y el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo».
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Peña y Pompeo «hasta el momento no habían sido denunciados en la presente causa. El Ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no sólo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje».
«Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia», agregó la presentación.
Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, «se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero», ya imputados en el expediente, al igual que Macri.
«A partir de hoy, podemos saber casi al detalle cómo fue el paso a paso de la decisión y los trámites que derivaron en el envío de material represivo a las fuerzas golpistas de un país hermano», se sostuvo. En el escrito se acompañó un detalle cronológico de los hechos y se pidieron nuevas medidas de prueba.
El Ministerio de Justicia consideró en un comunicado que «con la inclusión del nuevo material probatorio, se demuestra que las más altas autoridades políticas del Gobierno macrista sostuvieron encuentros con los funcionarios de menor rango que instrumentalizaron el contrabando ilegal, horas antes de que despegue el avión militar con el cargamento ilegal con destino a Bolivia»
En la ampliación de denuncia se incorporaron registros de ingresos a la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019, horas antes de la partida del vuelo con el cargamento de más de 600 granadas y 70.000 municiones a Bolivia. «Ese fue un día fundamental para los que diseñaron la maniobra ilícita, objeto de esta investigación», remarcaron los denunciantes.
Durante esa mañana, Gendarmería «hizo los trámites para ampliar las autorizaciones de salida del país otorgadas por la ANMaC el día anterior para proteger la Embajada Argentina en Bolivia. El nuevo material incorporado el día 12 consistía en 70.000 municiones 12/70 AT y en centenares de granadas de gas HC, 2CN y CS; es decir, el mismo material que luego fue entregado a la Policía y a la Fuerza Aérea Boliviana», se detalló. «A última hora de la noche, por su parte, partió rumbo a Bolivia el Hércules C-130 que trasladó a los gendarmes y al material represivo» consignó la presentación.
Ese 12 de noviembre, Macri tuvo dos reuniones que los denunciantes consideraron «trascendentales» para la maniobra de contrabando agravado que se investiga. Una de ellas fue con Peña, Bullrich, el entonces director de Gendarmería Gerardo Otero y su secretario privado y directores de todas las fuerzas de seguridad.
Poco antes, Macri se había reunido con el entonces canciller Faurie, quien luego solicitó por nota el envío de gendarmes a Bolivia con el supuesto fin de dar protección a la Embajada argentina. «Faurie no sólo se reunió en privado con Macri, sino que además firmó -de puño y letra- una sospechosa nota, hasta ahora desconocida. Omitiendo utilizar el sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales», se puntualizó.
El entonces canciller «envió a Bullrich y Aguad una ‘solicitud’ de envío de gendarmes a Bolivia, con el supuesto fin de proteger la Embajada. Sin embargo, el verdadero objetivo de la nota fue formalizar la coartada que los imputados utilizaron para ocultar la verdadera finalidad de una parte del material enviado: entregarlo a las fuerzas golpistas del vecino país» que derrocaron a Evo Morales.
