La ocupación de las viviendas del barrio de Flores que ya lleva más de una semana sigue levantando polvareda política y judicial. Esta vez fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien aseguró que el juez federal de Quilmes Luis Armella no tiene jurisdicción para ordenar un desalojo. El magistrado, en tanto, ratificó su competencia en respuesta al pedido de apartamiento presentado por un grupo de legisladores porteños.
«El doctor Armella está cumpliendo una acordada de la Corte Suprema de Justicia respecto del tema que se conoce como Acumar, es decir, la cuenca de Matanza- Riachuelo, y en este caso estamos hablando de un desalojo, y una de las cosas que la Ciudad ha conveniado es la de manejar los desalojos, con lo cual debiera ser materia específica de la (Policía) Metropolitana», fundamentó el ministro, coterráneo del magistrado. Fernández remarcó que el juez “no tiene jurisdicción” para instruir a la Policía Federal para desocupar las viviendas.
«Queremos resolver ese tema cuanto antes, acordar con la propia gente», sostuvo el funcionario, ya que, planteó, «no es necesario pegarles para que se tengan que ir. No pueden tomar las cosas por las suyas, con lo cual habrá que resolverlo de la mejor manera y encontrar una salida alternativa sin lastimar a nadie.
El lunes Armella ratificó la orden de desalojo del complejo de 204 viviendas sociales y realizó una advertencia a los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad, ya que de no cumplirse la medida se les aplicarán sanciones pecuniarias.
Por su parte, Armella ratificó su competencia en la causa por el desalojo en rechazo al pedido de apartamiento presentado por dos legisladores porteños de Proyecto Sur. El magistrado confirmó que su intervención en el expediente se da en el marco de la ejecución del fallo de la Corte Suprema que ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Días atrás, los diputados porteños de Proyecto Sur Laura García Tuñón y Rafael Amadeo Gentili solicitaron el apartamiento de Armella por considerar que «por tratarse de una cuestión penal», el caso debía ser tramitado por un juez en lo Criminal de la Capital.
Armella rechazó las argumentaciones de los legisladores por «incoherentes» y ratificó su competencia en el expediente.
Fuente: MinutoUno
