Buenos Aires, 15 de marzo (Télam).- El juez federal de Quilmes Luis Armella ratificó hoy su competencia para actuar en el conflicto por la toma de viviendas en el barrio porteño de Villa Soldati, destinadas a reubicar a pobladores de villas de emergencia de la cuenca Matanza Riachuelo. El magistrado rechazó un planteo de dos legisladores porteños, Laura García Muñón y Rafael Gentili, quienes pretendían apartarlo del caso para darle intervención a la justicia en lo criminal nacional, según informaron fuentes judiciales. En la resolución recordó que tiene delegado el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó sanear el Riachuelo, por lo cual se le atribuyó competencia para intervenir «en todas las cuestiones concernientes a la ejecución de ese pronunciamiento». Desde el juzgado se aguarda el cumplimiento de la orden de desalojo para las viviendas ocupadas entre las calles Lafuente, Castañares y Portela de Villa Soldati, bajo advertencia de multar a funcionarios. En la resolución emitida hoy en la que descartó el pedido de los diputados de Proyecto Sur, Armella recordó que en lo que hace al delito penal por la toma ya se declaró incompetente y derivó las actuaciones al juzgado nacional de primera instancia 21, en hechos que no guardan relación con la orden de desalojo. “Todas esas disquisiciones normativas que realizan los representantes parlamentarios de la C.A.B.A. en el discurrir de la presentación a despacho resultan infructuosas, incoherentes y alejadas de la realidad jurisdiccional que ha motivado el aludido desalojo”, aseveró. Recordó que “deben entender los legisladores que la condena oportunamente dictada pesa sobre los tres Estados en su totalidad; incluido, por supuesto, el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual también dentro de su discrecionalidad debe cumplir los mandatos judiciales ordenados por la CSJN el pasado 08-07-08, dictando o modificando aquellas normas que resulten más beneficiosas y/o de utilidad para su cumplimiento”. “En tal entendimiento es dable remarcar que es en casos como esos donde deben intervenir los legisladores, ejerciendo el rol de verdaderos representantes del pueblo, quien los ha distinguido con la honorable misión de realizar sus tareas legislativas en la búsqueda del bien común, a lo que debe sumarse la consideración de que el objeto benéfico ambiental perseguido en la presente ejecución de sentencia redunda, en forma directa, sobre los miembros de la sociedad que componen su jurisdicción”, concluyó.
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