En el marco de una polémica decisión adoptada por el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), se implementaron nuevas restricciones para que los jubilados puedan acceder a medicamentos gratuitos. La medida generó fuertes repercusiones en distintos sectores, especialmente entre los afiliados al sistema, debido al impacto sobre la población de adultos mayores.
Sin embargo, para el diputado nacional Julio Moreno Ovalle (LLA) la iniciativa es parte de una política necesaria para preservar el equilibrio fiscal, y sostuvo que no representa un riesgo grave para los beneficiarios. En declaraciones realizadas al programa radial “Habrá Consecuencias”, transmitido por AM 1070, Moreno Ovalle expresó su respaldo a los cambios introducidos y afirmó que el principal objetivo de estas medidas es avanzar hacia un déficit fiscal cero. Según el legislador nacional, la decisión del PAMI está orientada a limitar beneficios en función de criterios económicos más estrictos.
En tanto, el salteño argumentó que la restricción en el acceso a medicamentos gratuitos no pondría en peligro la vida de los jubilados. “No creo que sea para tanto. Esa persona puede tener parientes o gente que la pueda ayudar”, aseguró. Consultado sobre la sensibilidad del tema, el diputado manifestó que no considera adecuada la narrativa de victimización hacia los jubilados. “Es un tema sensible, pero no creo que deba tener la sensibilidad que le están dando en este momento para usarlo como una herramienta para generar algún tipo de disconformidad”, expresó.
Además, el libertario justificó la política del PAMI señalando que, en muchos casos, los jubilados poseen propiedades o vehículos de alta gama, lo que, en su opinión, demuestra que algunos afiliados pueden costear sus propios tratamientos.
Las nuevas medidas del PAMI
El PAMI, que proporciona cobertura médica a jubilados y pensionados, anunció que solo podrán acceder al beneficio de medicamentos gratuitos quienes cumplan ciertos requisitos, como no superar ingresos de $390.000 mensuales, no estar afiliados a una prepaga y no poseer vehículos con menos de 10 años de antigüedad. Aquellos que necesiten este beneficio deberán tramitar un subsidio social para obtener la cobertura.
Según el organismo, esta medida se implementó como parte de un reordenamiento en las coberturas que busca mitigar las consecuencias de la crisis económica y reducir los costos del sistema. El diputado, que integra las comisiones de Personas Mayores y de Previsión y Seguridad Social en la Cámara baja, respaldó estas condiciones y afirmó: “Estamos defendiendo una reducción del déficit presupuestario que nos toca a todos, no solamente al PAMI”.
Las repercusiones políticas
Asimismo, la postura de Moreno Ovalle fue cuestionada por sectores políticos y sociales que consideran que las restricciones podrían tener consecuencias graves para los afiliados de mayor vulnerabilidad. Entre las críticas, se destaca la preocupación de que los adultos mayores con condiciones médicas crónicas puedan enfrentarse a dificultades insuperables para acceder a sus tratamientos esenciales.
Desde su cuenta de X, el diputado Nicolás del Caño (FIT) manifestó su desacuerdo con su colega y argumentó que el libertario “cobra 4 millones de pesos y se burla de adultos mayores que apenas llegan a los 300 mil pesos de jubilación”. Y agregó que “creen que tienen impunidad”, pero “el pueblo ajustará cuentas con estos miserables”.
