Hubo nuevas usurpaciones en el complejo habitacional de Villa Soldati destinado a reubicar allí a familias que viven a la vera del Riachuelo. Por eso, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de hacer cumplir el fallo de la Corte, que dispuso el obligatorio saneamiento del Riachuelo, amplió la orden de desalojo que había dictado la semana pasada y que está incumplida.
A diferencia de la primera resolución para el desalojo del predio situado en Lafuente, Castañares y Portela, del miércoles de la semana pasada, el magistrado ya no sólo insta a la Nación para que ejecute su manda, sino que involucra directamente al gobierno porteño, al que le ordenó hacer un censo y elaborar un plan de solución integral para los ocupantes del predio, y que informe con qué medios cuenta en su policía para llevar adelante el desalojo.
La administración que encabeza Mauricio Macri deberá realizar en un «plazo perentorio de cinco días un censo o individualización de las personas que actualmente se encuentran ocupando el complejo habitacional […] para lo cual se deberán formalizar un relevamiento y análisis de la situación personal de cada uno de ellos y eventual solución para una evacuación pacífica». Armella adelantó en su fallo -publicado ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte- que el incumplimiento de esa manda supondrá la aplicación de una multa al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Por otra parte, el magistrado requirió al jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, que le informe «la situación actual de medios y posibilidad que posee la Policía Metropolitana para el cumplimiento de la orden dispuesta [el 9 del actual], como así también con cuántos hombres cuenta esa dotación, debiéndose especificar aquellos que pertenecen a la dotación de Infantería, qué cantidad de móviles -de todo tipo- posee, si alguno de los funcionarios proviene de otra fuerza de seguridad -y, en su caso, de cuál-, la formación y especialización de los funcionarios, así como también cualquier otro dato de interés que sirva al cumplimiento del desalojo».
A Burzaco y a la secretaria de Seguridad nacional, Cristina Caamaño, les exigió que informen antes del final de la jornada de hoy sobre las nuevas intrusiones en el predio (de anteayer) y sobre las medidas que ambas jurisdicciones habían desplegado para preservar el predio.
Fuente: lanacion.com
