El proyecto de ley busca tipificar la figura de la “asociación ilícita futbolística” y las penas contemplarán a dirigentes y organizadores de espectáculos deportivos. Uno de los expositores es dirigente de la FIFA.
A más de dos meses del envío del proyecto de ley por parte del Gobierno nacional, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dará el puntapié inicial al debate por el régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos, más conocido como la ley antibarras.
El encuentro está convocado para las 15.30 de este martes 3 de junio en la sala 7 del Anexo del Palacio Legislativo. También será puesto a consideración un proyecto que modifica el Régimen Electoral presentado por Democracia para Siempre.
Respecto a la reunión informativa, asistirán al tratamiento el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto; el director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; y el asesor legal de AFA y miembro del Comité de Apelaciones de FIFA, Andrés Paton Urich.
La reunión estará encabezada por la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, quien, a pocos días del anuncio del Poder Ejecutivo Nacional, acompañó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, en Córdoba para explicar lineamientos de la iniciativa ante dirigentes deportivos.
Los puntos principales del proyecto
En el texto, propusieron elevación en las penas: De uno a cuatro años al que dañare muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo; de tres a seis años al que porte y/o ingrese con armas de blancas; de cuatro a ocho años al que ingrese con elemento inflamable y de cinco a diez años al que porte o ingrese con arma de fuego. En el mismo artículo, establece que las penas contemplarán a los dirigentes de los clubes en caso de connivencia comprobada o colaboración.
También, mencionaron que cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia tendrán una pena de tres a seis años; y de cinco a doce años de prisión, si la interrupción se ocasionara con el uso de armas de fuego.
Para los casos de distribución ilegal de entradas habrá penas de dos a seis años; y de dos a seis para quienes revendan entradas de procedencia irregular. Cuando un dirigente estuviese involucrado, la pena será de tres a ocho años de prisión.
Otro punto mencionado en la iniciativa del Gobierno de la Nación contempla a los conocidos “trapitos”: Habrá penas de uno a dos años para quienes oficien de “cuidacoches” elevadas de tres a cinco cuando estos exijan una suma de dinero a cambio del cuidado del rodado.
La restricción perimetral de acercamiento a un estadio de fútbol será de 1000 metros. En caso de no respetar la inhabilitación judicial, la pena irá de los tres a los cinco años.
Parlamentario.com
