Un informe de la Auditoría General de la Ciudad reveló una serie de fallas en el acceso al programa y en los controles del mismo.
En medio de la crisis habitacional que golpea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del país, la Auditoría General porteña dio a conocer un informe que revela una serie de irregularidades en el programa “Alquiler se puede (ASP)”.
Dicho programa se inició en 2015 con el objetivo de solucionar uno de los problemas del acceso, las garantías, pero según se desprende del informe, en la actualidad se “encuentra sin vigencia dejando a miles de familias sin acceso a una política pública esencial para cambiar su realidad”. El documento en cuestión revela que no había evaluación de impacto de resultados ni seguimiento de los casos, además nunca alcanzó la cobertura mínima prevista en la normativa.
El programa contempla desde subsidios y garantías hasta créditos a tasa subsidiada. Sin embargo, a lo largo de los años, fue mutando en distintas versiones (Garantía BA, Garantía +Fácil, Alquiler +Fácil, Refacción +Fácil), sin obtener los resultados esperados. Es que de acuerdo a los datos que arroja el informe: mientras se inscribieron 1650 familias en el primer programa, 2035 en el siguiente y 311 en el último, el número que se otorgó fue de apenas 59 familias para el primer caso, 192 para el segundo y 13 para el último.
Al solicitar los motivos, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) informó que se debía a la exigencia de antecedentes financieros y el vencimiento de los plazos de tramitación.
El informe también revela que la mayoría de beneficiarios se encuentran en Zona Norte y centro (comunas 13,14,6,7,12 y 15), dejando sin cobertura a los barrios del sur donde se concentra la población más vulnerable y el mayor déficit habitacional. A pesar de que casi cuatro mil familias quedaron afuera, el Gobierno porteño no realizó ningún informe de impacto que permita evaluar la efectividad de estos programas, ni seguimiento de resultados ni programación de metas, lo que confirma según la AGCBA la falta de voluntad política de dar respuesta a la crisis habitacional.
Respecto de esta situación, el auditor general de Unión por la Patria (UP) Lisandro Teszkiewicz aseveró que “el Pro convirtió una política social fundamental en una cáscara vacía. No es un error de gestión, es un proyecto político pensado para excluir a quienes más necesitan. Gobiernan para el mercado inmobiliario, no para las familias trabajadoras que no tienen donde vivir”.
“Lo llaman alquiler social, pero es un filtro social para dejar familias sin casa. Los motivos de rechazo carecen de razonabilidad en el marco de una política social, el primero ligado a que es casi inaccesible mantener antecedentes financieros estables en una población vulnerable y el segundo motivo apunta directamente a cuestiones burocráticas de la propia gestión que terminan expulsando a los propios inscriptos”, continuó.
A la vez que concluyó señalando que “mientras miles de familias viven con la angustia de no saber cómo pagar el alquiler, el Pro se dedica a ver con quién le conviene negociar en las próximas elecciones. Como en todas las áreas que venimos observando, la política del Pro no está hecha para resolver problemas sociales, está pensada para consolidar negocios privados sin control, sin transparencia, con errores en sus facturaciones y fallas en el cumplimiento de las normativas”.
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