El diputado del PO Gabriel Solano impulsó un proyecto de resolución mediante el cual se buscará citar al ministro de Seguridad porteño, a fin de que dé explicaciones sobre el accionar de la Policía de la Ciudad en la movilización por Morena, Brenda y Lara.
Luego de que los familiares denunciaran incidentes con efectivos de la Policía de la Ciudad, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución para que el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, sea interpelado en la Legislatura por el operativo policial en el marco de la movilización del pasado 27 de septiembre, que exigía justicia por Morena, Brenda y Lara.
Además, buscará que el funcionario de cuenta de qué medidas se están llevando adelante para determinar los responsables materiales e intelectuales y toda la cadena de mandos que llevó al hecho, y sobre el funcionamiento de estas redes delictivas en la ciudad.
En los fundamentos de la iniciativa, el trotskista afirmó que “en el marco de la movilización del pasado sábado 27 de septiembre, un operativo de la Policía de la Ciudad, al mando del ministro Horacio Giménez, llevó adelante una represión sobre un sector de los manifestantes que estaban reclamando justicia y que se investigue a fondo el narcofemicidio que terminó con la vida de Morena, Brenda y Lara. En este contexto, fueron brutalmente reprimidos los propios familiares, incluida la misma madre de Morena”.
“Este hecho que conmocionó al país los últimos días, es parte de una estructura criminal que funciona cotidianamente en los barrios más pobres del país. La extensión del narco en las villas y barrios populares son una consecuencia directa de la falta de trabajo genuino, los bajos salarios, el ajuste a los centros de atención de adicciones, el recorte a los comedores populares y el ataque por parte de los gobiernos a las organizaciones que son un freno ante estas redes delictivas. Los blanqueos de capitales aprobados en los últimos años y el hecho de que los puertos se mantengan en manos privadas permiten que estas bandas delictivas puedan continuar con su accionar sin ser investigadas”, aseveró.
Asimismo, Solano planteó que “es evidente la responsabilidad del Estado y de todos los gobiernos en que proliferen estos negocios a costa de la salud y la propia vida de la población, sobre todo en la juventud” y consideró que el hecho de que “el femicidio haya ocurrido en la provincia de Buenos Aires y que haya sido realizado por una banda que opera sobre todo en la CABA, en el barrio de Bajo Flores, muestra el entramado de estos grupos con el Estado en todo el territorio. No es sino con la connivencia de las fuerzas de seguridad, la justicia y el poder político que pueden llevar adelante su accionar”.
“Es necesario que quien encabeza el ministerio de Seguridad del distrito de cuentas de la feroz represión que se llevó a cabo contra los familiares de las víctimas, como así también de qué es lo que se está realizando para terminar con el funcionamiento de estas redes en la ciudad”, sentenció.
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